Responsabilidades
Washington Uranga

La iniciativa puesta a rodar por el gobierno de la Alianza Cambiemos respecto de la intención de disminuir la edad de imputabilidad para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley vuelve a poner al descubierto no solo posiciones ideológicas del macrismo y sus aliados, sino modos de procedimiento que se han convertido en típicos durante el primer año de su gestión. Ante su propia ineficacia –que abre incluso debates en el frente interno– para dar una respuesta adecuada a la promesa electoral de disminuir la inseguridad, el gobierno decidió instalar prematuramente el tema como debate de campaña que opere como música para los oídos de su electorado, mientras da la sensación de que se está ocupando del asunto y, al mismo tiempo, elude hacer frente a las cuestiones de fondo que son las raíces del problema de violencia delictiva que enfrenta la sociedad argentina actual. Una vez más Cambiemos hace «gestos para la tribuna» y opera con el sistema de medios cómplice buscando generar sentidos sin afrontar las dificultades en su verdadera profundidad.
Sin pretender dar cuenta de todos los aspectos que envuelve una realidad de por sí compleja, cabe decir que está ampliamente demostrado que el cambio propuesto no resuelve la violencia criminal en la Argentina, lisa y llanamente porque no da respuesta a la cuestión de fondo, vinculada con factores económicos, políticos, sociales y culturales. Pero quizás tan grave como eso es que, por un lado, los adultos se quitan de encima la responsabilidad de afrontar la búsqueda de soluciones a los problemas que ellos mismos generan trasladando el peso a los jóvenes a través de un mecanismo sancionatorio; y, por otro, el Estado resigna su obligación de generar políticas públicas integrales que son parte indeclinable de su responsabilidad.