Amenazas
Valeria Mutuberria Lazarini
Economista

Las cooperativas vuelven a ser blanco de ataque. Esta vez son las que proveen servicios eléctricos, dado que fueron alcanzadas por dos normas que ponen en tensión sus lógicas de organización y administración. La Resolución Nº 3442/2018 del directorio del INAES insta a que facturen dicho servicio de forma autónoma e independiente de otros conceptos «ajenos». Y la Resolución N° 9/2019 de la Secretaría de Comercio Interior, recomendando al INAES que «haga saber a las cooperativas prestadoras del servicio público de energía eléctrica que la comercialización conjunta de dicho servicio con otros bienes o servicios diferentes, en particular cuando los usuarios no tienen la posibilidad de adquirirlos y pagarlos por separado, pueden constituir violaciones a la Ley Nº 27.442 (de Defensa de la Competencia)». Estas normas fueron acompañadas por una campaña mediática y por redes sociales de deslegitimación, principalmente desde el Poder Ejecutivo, atribuyendo calificativos como «lista de agregados escandalosa», «abuso injustificable», «avivadas», acusando que las abultadas boletas de luz tienen que ver con servicios complementarios –que titularon «cargos extra»– y no con la actual política de tarifazos que lleva adelante este Gobierno.
A modo de reflexión, frente a la no atención por parte del Estado y del mercado, estas entidades supieron llevar adelante experiencias colectivas de provisión de servicios eléctricos para la satisfacción de las necesidades de sus asociados/as-usuarios/as, y fueron diversificando sus actividades a medida que surgían nuevas necesidades que atender en sus territorios. Con ello, las medidas del actual Gobierno dan cuenta nuevamente del desconocimiento de estas experiencias, a las que no mueve la ganancia como en los sectores privados capitalistas con los que el Gobierno comulga, sino la reproducción de la vida de todos y todas.