Argentina sin hambre
Plan integral
El cooperativismo presentó una propuesta para afrontar una problemática de crucial importancia. La extensa red de entidades solidarias puede hacer un aporte decisivo en el difícil contexto socioeconómico del país. Escribe Edgardo Form, presidente del IMFC y vicepresidente de COOPERAR.

Pobreza. Una realidad que requiere respuestas concretas y efectivas. (NA)

El movimiento cooperativo ha dado muestra una vez más de su compromiso para solucionar las necesidades apremiantes de la sociedad. Esta vez, para contribuir con el Plan Argentina sin Hambre, a través de una acción solidaria impulsada por la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) y sus entidades asociadas, entre las que participa activamente el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC).
Las propuestas elaboradas por COOPERAR, cuya síntesis fue entregada al licenciado Daniel Arroyo por el presidente del IMFC durante un acto realizado en dependencias de la Facultad de Agronomía y Veterinaria recientemente, incluyen la integración de un Consejo Federal Argentina Sin Hambre. Este organismo se integraría con representantes, entre otros sectores, del movimiento cooperativo argentino, con presencia federal y en diversas ramas de la actividad económica.
En nuestro país hay aproximadamente 1.500 cooperativas agropecuarias vinculadas con las distintas economías regionales. Entre estas últimas hay entidades con presencia en los principales mercados nacionales e internacionales, y también hay cooperativas de la agricultura familiar campesina, vinculadas con la recomposición de circuitos de comercialización alternativos. Todas estas modalidades pueden sumar su esfuerzo en el Consejo y en la provisión de alimentos saludables y a precio justo en el marco del Plan.
Por otra parte están las cooperativas de consumo, con una amplia y variada experiencia, que pueden sumarse a esta acción solidaria, contribuyendo a que en el mediano plazo los circuitos para responder a la urgencia del hambre se consoliden en canales institucionalizados para la comercialización de alimentos controlados por la comunidad. En tal sentido, habrá que tener en cuenta la experiencia de la Federación de Cooperativas de Consumo a través de su Central Virtual de Compras.
Hay más de 1.000 cooperativas de servicios públicos y otras de carácter comunitario, a través de las cuales se autogestiona la provisión de servicios esenciales. Estos son actores que se pueden sumar activamente a la distribución de alimentos, muy particularmente en las pequeñas localidades, lo que puede ser institucionalizado en el mediano plazo a través de secciones de consumo o ferias en espacios físicos cedidos y administrados por las cooperativas.



Acto. Form entregó el documento a Arroyo. (Prensa Cooperar)

Una rama igualmente extendida del movimiento es la correspondiente a las cooperativas de trabajo, con experiencias presentes en todo el territorio y en todos los ámbitos de la actividad económica, la mayoría de ellas constituidas como respuesta a las sucesivas crisis que han castigado a los sectores populares, y que por lo tanto cuentan con capacidad para sumar producción, capilaridad y trabajo social para el Plan propuesto.
La articulación de todos estos actores puede garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. Concretamente, las cooperativas de consumo y las secciones de consumo de otras cooperativas y mutuales pueden sumarse activamente como empresas testigo, para garantizar el cumplimiento de la regulación de precios de la canasta básica y de los precios cuidados. También es necesario garantizar el abastecimiento de los productos de precios regulados y de precios cuidados a los pequeños y medianos supermercados y almacenes, para lo cual resulta necesario contar con distribuidores mayoristas comprometidos con esta estrategia. Para ello proponemos la organización de Cooperativas Regionales de Provisión, que con el acompañamiento de la política pública contribuyan a la urgencia del Plan, y que luego puedan ser la base de un sistema solidario de distribución de alimentos que resulte sostenible en el largo plazo.
Como dijimos, el movimiento cooperativo y mutual tiene propuestas viables, experiencia acumulada y presencia en todo el país. Solo necesita un Estado activo con políticas públicas que permitan articular acciones eficaces y oportunas para terminar con el hambre en la Argentina.