Cada vez peor
Condiciones de detención y violencia policial
La Comisión Provincial por la Memoria presentó su informe sobre lugares de encierro y políticas de seguridad, salud mental y niñez en territorio bonaerense. Crisis del sistema y mayores violaciones a los derechos humanos en los últimos doce meses.
Adriana Meyer

Aráoz Alfaro. Uno de los centros de internación de jóvenes involucrados en causas judiciales. (Comisión por la memoria)
 

Johana Monzón tenía 21 años, dos hijos y estaba presa en la Unidad 33 de Los Hornos. La encontraron colgada de un aplique de luz en la celda 10 del pabellón. El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informó que fue un suicidio. La joven era depresiva y había pedido ayuda, pero no la tuvo. Al contrario, sus carceleras la habían increpado las veces que se autoflageló. Su muerte se suma a las de 339 personas que estaban privadas de su libertad bajo custodia del Estado durante el último año, según el último informe presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), El sistema de la crueldad XIII, sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental y niñez en la provincia de Buenos Aires 2019.
«Este Gobierno, que asumió reconociendo la crisis del sistema de encierro, fue la gestión que mayores violaciones a los derechos humanos provocó. Durante el año pasado registramos más de 12.000 hechos de torturas, 339 personas murieron en prisiones estatales y otras 120 por uso letal de la fuerza», resumió Roberto Cipriano García, secretario de la CPM. Durante la reciente presentación de la decimotercera edición, en La Plata, los directivos estuvieron acompañados por familiares de las masacres de las comisarías de Pergamino (2017), Esteban Echeverría (2018) y San Miguel del Monte (2019). El presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, dijo que «en estos años de presentación del informe funcionarios y jueces no tomaron ninguna medida para revertir esta situación, las cárceles son depósitos humanos». El organismo denunció que los sucesivos gobiernos insistieron en el punitivismo como única política de seguridad, lo que produjo «el progresivo agravamiento de las condiciones de detención y el incremento de la violencia policial en los territorios».

Transformaciones necesarias
En los últimos doce meses se incrementaron cifras que ya eran récord, «porque todos los índices empeoraron: cantidad de detenidos, tasa de prisionización y sobrepoblación». En las cárceles la sobrepoblación es del 113% –42.000 personas presas en 20.000 plazas– y en comisarías del 310%: tres de cada cuatro personas duermen en el suelo o se turnan para dormir. Hubo además 140 muertes en prisiones, más de la mitad por problemas de salud no asistidos. Respecto de la salud mental, 180 personas fallecieron en instituciones públicas. Y hay 668 niños, niñas y jóvenes encerrados. «La única respuesta del Estado es el abordaje a través de instituciones penales, como el nuevo intento de bajar la edad de punibilidad», expresó la CPM. «Es falso afirmar que los menores de 16 años que cometieron delito están en libertad», agregó la Comisión. Y destacó que «el informe es una interpelación a los tres poderes para que avancen urgentemente en las transformaciones necesarias; ya saben lo que hay que hacer, solo resta la decisión ética y política de concretarlo».
Yanina Zarzoso, mamá de Camila López (una de las víctimas de la masacre de Monte) dijo que a su hija, a Danilo, a Gonzalo y a Aníbal «los mató la Policía mientras paseaban, pero no es un caso aislado sino una política de Estado que los prepara, forma e instruye para actuar así».
La CPM es un organismo público autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de memoria del terrorismo de Estado y la defensa de los derechos humanos en democracia. Fue creada en 1999, tiene como sede el edificio donde funcionó la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense (DipBA) y gestiona el archivo del espionaje realizado por esa dependencia durante más de 50 años, del que surgieron valiosas pruebas para los juicios por delitos de lesa humanidad. La CPM está integrada por referentes de organismos de derechos humanos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, artistas, religiosos de distintos credos, legisladores y sindicalistas.