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Jorge Vilas
Periodista

Una vez más el principal grupo empresario de las telecomunicaciones elude una regulación impuesta por un Gobierno constitucional. Lo ocurrido con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pese a que fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia, vuelve como un mal recuerdo. Hoy, en otro escenario, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal decreta una medida cautelar en favor de Telecom que suspende temporalmente los artículos 1 al 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020. Convalidado por el Congreso Nacional, el decreto establece dos cuestiones fundamentales que molestaron a las grandes compañías del rubro. Por un lado, que los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el acceso a las redes de telecomunicaciones, eran públicos, esenciales y estratégicos en competencia. Y lo más molesto para estos empresarios: que los precios de dichas prestaciones deben ser justos, razonables y regulados por el Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM). La solícita Sala II de la Cámara salió al cruce de esta injerencia estatal inaceptable que coarta la libertad de ganar mucho dinero. El ENACOM, en tanto, anunció que intentará revertir la medida apelando a la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que, mientas tanto, millones de argentinas y argentinos que necesitan usar internet y telecomunicaciones como herramienta fundamental para estudiar, trabajar, consumir cultura y entretenimiento, entre otros fines, estarán sometidos a las tarifas que fije el gigante corporativo que resiste toda regulación que se le pretende aplicar. Unos, la inmensa mayoría, intentan estar conectados para vivir. Otros, un puñado de megamillonarios, están conectados con los sectores del Poder Judicial que se imponen a las decisiones del poder político –Legislativo y Ejecutivo– emanado del voto popular.