Disputa modelo
Reacción sindical y consecuencias políticas
Tras el acuerdo con el FMI y la profundización del ajuste, el gobierno enfrenta crecientes manifestaciones de rechazo a su plan económico, entre ellas, el contundente paro general dispuesto por la CGT. Negociación ley por ley en el Legislativo.
Alberto López Girondo

Rosario. Lunes de calles desiertas: la medida de fuerza impulsada por las centrales obreras se hizo sentir en todo el país. (Julieta Pisano)

El fin del primer semestre del año mostró las secuelas del torbellino en que se sumió el país tras las corridas cambiarias de abril y mayo: un paro contundente, el tercero en la era Macri, los chisporroteos por el tratamiento de la ley de despenalización del aborto en el Senado y el rechazo generalizado al acuerdo con el FMI. Es así que uno de los nuevos integrantes del Gabinete salió a sincerar lo que al inicio de la gestión Cambiemos sirvió de slogan para atenuar el efecto nocivo de los primeros ajustes: ya no se habla de esperar al segundo semestre para disfrutar de «los brotes verdes». Como esbozó Dante Sica, el flamante titular de la cartera de Producción, todo irá peor hasta que en el cuarto trimestre haya un punto de inflexión y comience a percibirse una recuperación.
La huelga general del 25 de junio no fue una decisión espontánea del triunvirato que comanda la CGT, sino una imposición de las bases sindicales, sobre todo de las del interior del país, donde la crisis económica se hace sentir con mayor rigor. Y fue evidente que los más activos no forman parte de esa mesa directiva, como el camionero Hugo Moyano, el bancario Sergio Palazzo y los líderes de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli. La izquierda, por su parte, mantuvo su propuesta de ir al paro con movilización, con lo que fueron los únicos que en algunos distritos poblaban las calles, vacías por el cese de actividades. Además, se sumaron pymes y pequeños comercios, agobiados por la baja actividad y la suba de las tarifas, con un «persianazo».
Fue el paro general más fuerte contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri, que a medida que viene avanzando en su gestión, acumula más razones para el rechazo de las capas sociales más bajas, tanto sea asalariados como subocupados y desocupados. Fue también el que desnudó la carencia de respuestas a la protesta social. Uno de los funcionarios que quedó mal parado fue Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda y Finanzas y negociador con el FMI. Apelando a la tradicional estrategia de todos los gobiernos ante un paro, el funcionario computó en un tuit que ese día, por la huelga, el país había perdido casi 29.000 millones de pesos y agregó que «la única manera de sacar adelante nuestro país es trabajando». El triunviro Juan Carlos Schmid, de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y hombre cercano a Moyano y a la Iglesia, respondió de inmediato: «En el último mes se han perdido 11.000 millones de dólares sin ningún paro general en la República Argentina, ¿de quién es la responsabilidad de eso?». En tanto, la filósofa y ex legisladora porteña, Diana Maffía, fue más ácida en la misma red social: «¿Vos decís @NicoDujovne que trabajemos duro hasta que ustedes confíen tanto, pero tanto, que traigan su plata del exterior y la inviertan en algo productivo en el país cuya economía dirigís?».
En una constante del actual oficialismo, los funcionarios que están al frente de las principales oficinas del Poder Ejecutivo recomiendan acciones que ellos mismos no pueden mostrar como ejemplo. La devaluación del peso perjudica a millones de argentinos, pero los funcionarios –entre los cuales se destaca el nuevo titular del Banco Central, Luis Caputo, o familiares del presidente Macri– ganan millones con cada suba del dólar porque tienen su dinero en el exterior y en moneda fuerte. El máximo exponente de esta ambigüedad, por ponerle un calificativo piadoso, es el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien había dicho en un programa radial que no repatriaba su fortuna porque no había confianza en el país.
Con todo, el gobierno ratifica cotidianamente el modelo económico, siempre asegurando que mantiene las puertas abiertas para el diálogo. En el caso del paro, es cierto que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no tiene problemas en juntarse con dirigentes cegetistas, pero de ahí a modificar el rumbo hay un trecho que nunca se cubrió hasta ahora y nadie cree que vaya a cambiar en el futuro.


Sobre tablas
El mayoritario rechazo al acuerdo con el FMI, reflejado tanto en la masiva manifestación del pasado 25 de mayo como en diversas encuestas de opinión, no pudo reflejarse en el Congreso Nacional. Allí el gobierno se anotó un triunfo al evitar una sesión donde los diputados del Frente para la Victoria y la izquierda intentaban forzar el debate sobre el stand by del Fondo. La maniobra fue sencilla: los legisladores de la diáspora peronista no kirchnerista no dieron quórum, con lo cual dejaron las manos libres al gobierno y le evitaron el costo político de tener que defender un plan antipopular. El mismo costo que tuvo que asumir con el veto a la ley que disponía una reducción a los aumentos de las tarifas de los servicios públicos.
El Senado es también la caja de resonancia del proyecto de despenalización del aborto. Allí, el envío a debate en cuatro comisiones que decidió la vicepresidenta Gabriela Michetti generó una disputa interna en Cambiemos y la airada protesta de los que impulsan la normativa, que la consideraron una chicana para demorar la aprobación, que cuenta con el apoyo del FPV y del senador peronista Miguel Ángel Pichetto.
También en el Senado se acerca un debate que se las trae. El de la aprobación del pliego de Luis Caputo como presidente del Banco Central. Los antecedentes del hombre que para el jefe de Gabinete, Marcos Peña, «es una persona que tuvo mucho más para perder que ganar por meterse en la función pública», no lo harían candidato en ningún país del mundo para manejar un área tan sensible para la economía de cualquier nación, como lo es la administración de la moneda. El nuevo presidente del Banco Central será el encargado de disponer de las remesas que el FMI aprobó enviar –el mismo día en que se recordaba la muerte de Manuel Belgrano– ad referéndum de que se cumplan con las metas acordadas con su antecesor, Federico Sturzenegger.