El frío del modelo
Ajuste y desprotección social
La oleada solidaria para ayudar a las personas en situación de calle durante los días más crudos del invierno desnudó la ausencia de políticas estatales de asistencia. Escuelas sin gas, falta de vacunas y creciente desempleo, otras caras de la crisis.
Daniel Vilá
Periodista

Intemperie. Sergio Zacariaz murió en la calle Perú, en Buenos Aires, durante una de las noches con menor temperatura de julio. (Bernardino Avila)

La ausencia del Estado ha convertido al frío invernal, en una verdadera tragedia para millones de argentinos. Quienes, carentes de un techo que los cobije, se ven obligados a refugiarse en plazas, umbrales o veredas, son las víctimas principales de las oleadas gélidas que, como se verificó en las últimas semanas, pueden terminar con sus vidas, debido a la indiferencia de los funcionarios públicos que deberían aportar soluciones rápidas y eficientes y al perverso negacionismo que atribuye las muertes a operaciones políticas.
El informe preliminar sobre el Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires, realizado entre otras organizaciones por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Proyecto 7, ha revelado datos alarmantes sobre el tema, entre ellos, un incremento del 23% en el número de personas en situación de calle respecto del primer censo, de 2017. De un total de poco más de 7.200, solo una pequeña cantidad se aloja provisoriamente en paradores u otro tipo de establecimientos, mientras que el resto soporta los rigores de la intemperie. Sin embargo las autoridades capitalinas contabilizan apenas 1.140 personas. La razón de semejante diferencia radica en la metodología utilizada para el conteo. La población que se encuentra en las condiciones descriptas, según explicaron los organizadores del censo, es fluctuante, ya que deambula en busca de medios de supervivencia o para eludir las persecuciones de que es objeto y se oculta para no ser estigmatizada. De allí que sea necesario superar las dificultades de acceso para que los resultados respondan a la realidad.  
Dos aspectos importantes merecen ser destacados: el 77% no recibe el subsidio habitacional que otorga el Gobierno porteño y la mitad de los censados no había transitado nunca antes por esa situación, lo que desmiente las afirmaciones oficiales de que, predominantemente, los sin techo suelen ser individuos con problemas psicológicos o con adicciones y por eso se niegan a ser «institucionalizados». Además, ha aumentado sustancialmente la cantidad de familias arrojadas a la calle por no poder pagar  el arrendamiento de su vivienda.  
Entre las razones que aduce la mayoría de los encuestados para permanecer en tan precaria condición, sobresalen el maltrato que sufren en los paradores, el hecho de que no se les permite trasladarse con sus escasos bienes, los robos que padecen en esos lugares y –fundamentalmente– que por lo general se les impide acceder a ellos con su pareja o sus hijos.
La apertura de clubes y universidades para albergar a quienes más sufren la ola de frío, la participación de miles de voluntarios y ciudadanos que aportaron abrigo y alimentos para atenderlos, son una clara señal de que el «sentido común» individualista que propone el neoliberalismo está siendo rechazado por la voluntad solidaria de gran parte de la población, tal vez porque son millones los que, de una u otra manera, se han sensibilizado, debido a que padecen el deterioro constante de sus ingresos y a que muchos saben que puede llegar el momento en el que no dispongan del dinero necesario para pagar un alquiler.


Mal clima
Pero un sector social inmensamente mayor tiene también serias dificultades para combatir el rigor climático. Son los trabajadores, los jubilados, los desocupados, esa multitud privada de casi todo, que carece de gas natural y debe depender de la garrafa, que incrementó su valor oficial un 124% en solo un año y que –por la absoluta falta de controles– no se consigue por menos de $500 en los barrios populares. La madera y el carbón que la sustituyen alimentan peligrosos braseros que son la causa de los cotidianos incendios de viviendas precarias con su secuela de muerte y destrucción.
Por otra parte, tanto en la provincia de Buenos Aires, como en algunos puntos de la Ciudad Autónoma, unas 400 escuelas no tienen calefacción, lo que no solo implica riesgos para la salud de alumnos y maestros sino, además, la imposibilidad de cocinar un plato caliente que en demasiados casos es el único que ingerirán los pibes. Se lo reemplaza por un sándwich con una feta de jamón cocido y otra de queso. La mala alimentación, como reiteradamente han señalado los expertos, expone a los niños a contraer enfermedades con mayor frecuencia y produce secuelas irreparables en su desarrollo físico y cognitivo.
Huelga señalar los efectos que genera la falta de vacunas en los deteriorados hospitales públicos. Con referencia a la que combate la bacteria del meningococo, el fiscal Guillermo Marijuan imputó a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y al secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, por violar la sentencia del Juzgado Federal de La Plata N° 2, que hizo lugar a la acción colectiva para que el Gobierno cumpla con sus obligaciones.

Los Hornos. Alumnos de la escuela media bonaerense Nº 3 reclaman por falta de gas. (Sebastián Casali)

A lo expuesto deben añadirse las consecuencias de los brutales tarifazos y los sistemáticos cortes de energía eléctrica que impiden calefaccionar las habitaciones y conservar los alimentos. En ese sentido, el reciente traspaso del servicio de distribución de energía de Edenor y Edesur desde la jurisdicción nacional a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires es evaluado como una burla. Es que el convenio incluye la condonación de una deuda por más de 7.000 millones de pesos a ambas empresas, que de acuerdo con lo resuelto por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad debían abonar a los usuarios por fallas en el suministro. Ahora ambas distribuidoras embolsan esa jugosa suma y se «comprometen» a volcar los recursos que generosamente les obsequiaron, en inversiones a la red eléctrica, pero recién en 2021. El acuerdo las autoriza asimismo a resarcir a los usuarios por la rotura de artefactos domésticos en un plazo de 36 meses. Por si faltaba algo más, la transferencia redundará en la virtual supresión de la tarifa social.
Mientras tanto, la imparable caída de la producción industrial multiplica las suspensiones y despidos. En los primeros cinco meses del año, la actividad fabril acumuló un retroceso del 9,8% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Preocupa particularmente la situación de la industria automotriz, ya que la fabricación de solo 23.916 unidades en junio  marcó un retroceso de 39,3% en lo que va del año.
Si se analizan los comportamientos habituales de las terminales, se observa que, al encenderse las primeras luces de alarma, las empresas reaccionan suprimiendo las horas extras e instrumentando retiros voluntarios, la siguiente fase pasa por el adelanto de las vacaciones del personal, luego se inician las suspensiones y finalmente se apela a los despidos masivos. La envergadura de la crisis actual, que colateralmente afecta a otras industrias proveedoras como la metalmecánica, la del plástico, la textil, entre otras, determina que sea inminente el ingreso en esta última instancia que despojará de sus puestos de trabajo a centenares de operarios especializados.
Como diría el presidente Mauricio Macri, aficionado a las metáforas meteorológicas: una tormenta perfecta.