El regreso tan temido
Fondo Monetario Internacional
Apremiado por turbulencias de la economía, cuestionamientos que formulan fuerzas de la alianza Cambiemos y una incipiente coincidencia entre sectores opositores contra iniciativas oficiales, el gobierno anunció negociaciones con el organismo financiero.
Alberto López Girondo

Visita. Christine Lagarde, titular del FMI, estuvo en Argentina en marzo pasado, y se reunió con el presidente Macri. (Télam)

En un escueto mensaje de televisión, el presidente Mauricio Macri confirmó los trascendidos que habían comenzado a circular días antes, mientras el dólar trepaba en su cotización aun con las tasas del 40% que fijó el Banco Central: Argentina vuelve a buscar financiamiento en el Fondo Monetario Internacional. En el breve discurso, el presidente culpó de la situación al «desastre» que dijo haber heredado del gobierno de Cristina Fernández, pese a que transcurrieron ya dos años y medio de su llegada a la Casa Rosada, y dijo que se había «metido» en la política «para que cada argentino pueda vivir mejor». Macri reconoció que Argentina es uno de los países que «más dependemos del financiamiento externo», y que las condiciones exteriores habían cambiado de un modo contraproducente para conseguir más crédito en un escenario en que Argentina no maneja ninguna variable económica. Y dijo que el apoyo del  FMI será aplicado «de manera preventiva» y para «fortalecer el programa de crecimiento y desarrollo».   
Analistas de todas las tendencias venían advirtiendo a las autoridades que el país se encaminaba a una encrucijada por el aumento del precio del petróleo y de las tasas que fija el Tesoro de Estados Unidos, que más temprano que tarde iba a causar que una política basada en el endeudamiento se quedara sin el combustible que la venía alimentando desde el 10 de diciembre de 2015.
Además, el clima social venía complicado luego de la reforma previsional, con la secuela de represión y un impensado –hasta no hace mucho tiempo– acercamiento entre los distintos sectores de la diáspora peronista. Todo se aceleró al ponerse en marcha los aumentos desenfrenados de las tarifas de los servicios públicos y los transportes.
En ese contexto, el gobierno impidió una sesión en Diputados para tratar alguna medida que le pusiera un tope a los precios de los servicios, lo que no hizo sino agigantar el rechazo entre los no votantes de Cambiemos y entre esos sectores de la sociedad que le habían dado un cheque en blanco para poner fin al ciclo kirchnerista. Incluso medios amigos y dirigentes del radicalismo pidieron moderar ese brutal zarpazo que afecta sobre todo a los bolsillos de las familias más humildes y a las pymes.
Como un juego entre un gato y un ratón, a medida que las señales políticas indicaban que el Congreso iba a poner algún techo en las aspiraciones de las empresas energéticas y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguraba que el presidente vetaría cualquier iniciativa para moderar las tarifas, la corrida cambiaria generó el clima que se asocia tradicionalmente a los planes de ajuste más feroces.
Lejos quedó aquel 28 de diciembre cuando desde una mesa compartida por Marcos Peña; los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne y de Finanzas, Luis Caputo; y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, se anunció una meta de inflación para este año de 15%, casi el doble del piso de la banda estipulada anteriormente, de entre 8 y 12%. El marketing de Jaime Durán Barba dictaba que, para aventar los fantasmas que se estaban despertando en la economía nacional, convenía presentar a todo el equipo del área trabajando al unísono con Sturzenegger, mientras el presidente Mauricio Macri seguía insistiendo en que el crecimiento, aunque invisible, estaba a la vuelta de la esquina.

Objetivo final
Cuatro meses más tarde, las señales fueron diametralmente opuestas. Dujovne y Caputo fijaron recortes en el presupuesto y desde la «ventanilla» del BCra, Sturzenegger anunció tasas astronómicas para intentar detener la corrida bancaria que en pocos días se había llevado cerca de 7.000 millones de dólares (ver página 18).
El gobierno y los periodistas y medios afines, en tanto, se unieron para culpar del mal momento a la oposición en su conjunto, dejando de lado las abismales diferencias que existen entre los distintos sectores que no comulgan con el macrismo, e incluyendo en la descalificación a aquellos que fueron muchas veces funcionales a las iniciativas del oficialismo. Funcionarios de primera línea del gobierno calificaron de «irresponsables» y demagógicas a las bancadas opositoras, y el propio Macri insistió en esta calificación en su mensaje del 8 de mayo, en el que sugirió que si no fuera por los «palos en la rueda» todo estaría mucho mejor.
Desde algunos sectores de la oposición se criticó al gobierno  argumentando que no había generado herramientas para contener la fuga de capitales y defender la economía local de  los ataques especulativos. Para el dirigente cooperativista Carlos Heller, en cambio, «el gobierno no está cometiendo errores, sino que está cumpliendo con sus objetivos», entre los que destaca la baja del salario real en dólares y el cierre de paritarias al 15% y sin cláusula gatillo, a lo que se suma la enorme transferencia de ingresos hacia las grandes empresas de servicios públicos.
El llamado al FMI, que pretende ser un alivio para el gobierno, no augura buenas noticias para los argentinos. La relación del país con el organismo comenzó en 1956, tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón,  y su primera etapa puede decirse que terminó el 3 de enero de 2006, cuando Néstor Kirchner ordenó transferir 9.810 millones de dólares para liquidar de una sola vez toda la deuda con el FMI. Era la forma, para el patagónico, de liberarse de una institución a la que acusó de exigir a cambio de préstamos, «políticas que perjudican el crecimiento». Fue una decisión concertada con el entonces presidente brasileño, Lula da Silva, quien había pagado cada dólar que su país debía al Fondo pocas semanas antes.
En años que van de 1956 a 2006, el organismo forzó sucesivos planes de ajuste. Fue también promotor de las privatizaciones en la década del 90 y quedó muy desprestigiado internacionalmente con la caída de la convertibilidad. El 2001 había comenzado con el anuncio de un blindaje del FMI para apuntalar al gobierno de Fernando de la Rúa. El final es conocido.