En búsqueda de consensos
Financiamiento externo
Por la pandemia, creció el cociente deuda/PIB mundial, y en este contexto Argentina renegocia la suya en varios frentes. Impuesto a las corporaciones.
Diego Rubinzal

Francia. El ministro de Economía se reunió en París con su par de Finanzas. (Télam)

La pandemia de COVID-19 deterioró las cuen­tas fiscales globales en 2020 por dos razones concurrentes: la pérdida de recaudación tributaria por menor actividad económica; y mayor gasto público para amortiguar los efectos sociales negativos (disminución de ingresos, pérdida de empleos, entre otros) de la crisis sanitaria.
Las visiones ortodoxas tradicionales tuvieron que rendirse ante la excepcionalidad del escenario pandémico. Por caso, la propia directora gerente del FMI –Kristalina Georgieva– recomendó a los Gobiernos que «gasten todo lo que puedan, ya veremos cómo hacemos más adelante».
A pesar del mayor activismo estatal, la pandemia provocó un fuerte deterioro del tejido social. La CEPAL estima que existen 22 millones de nuevos pobres en América Latina, llevando los niveles de pobreza y pobreza extrema a valores récord para los últimos 12 y 20 años, respectivamente.
La contracara de esa dinámica fue el fuerte crecimiento del endeudamiento mundial (público y privado). La deuda global aumentó hasta los 281 billones de dólares (el 355% del PIB) en 2020. «En los mercados emergentes (países de ingresos medios) la relación deuda/PIB subió 30 puntos y en los mercados maduros (economías ricas) aumentó 38 puntos», detalla un informe del Instituto Internacional de Finanzas (IIF). Por su parte, la deuda gubernamental creció del 88% al 105% del PIB mundial.
En ese marco, el Gobierno argentino concretó una exitosa reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera (bajo legislación local y extranjera) el año pasado. Sin perjuicio de esto, el capítulo «deuda» está muy lejos de estar cerrado. Los vencimientos más importantes (e impagables) con el FMI están concentrados en los próximos dos años: 20.500 millones de dólares en 2022 y 20.700 en 2023. Este año, Argentina debería pagar 2.400 millones de dólares al Club de París y alrededor de 5.000 millones al Fondo Monetario Internacional.


Gira europea
El viaje de Martín Guzmán por los principales países europeos (Alemania, Italia, España, Francia y un periplo final por Rusia que agregó al financiero el tema de las vacunas) tuvo como objetivos primordiales articular una masa crítica de apoyo a la postura argentina para encarar la renegociación de la deuda con el FMI y prorrogar la cuota del vencimiento del empréstito con el Club de París que vence en mayo de este año.
El objetivo de corto plazo fue cumplido: los europeos prorrogaron informalmente el plazo del vencimiento al 29 de julio, mientras las partes continúan negociando un nuevo acuerdo. El presidente Alberto Fernández pretende reducir los intereses (del 9% al 3%) y extender los plazos de pago.
El reclamo argentino no es nuevo. A pocos meses de iniciado el Gobierno del Frente de Todos, Martín Guzmán participó del seminario «Nuevas formas de fraternidad solidaria de inclusión, integración e innovación» organizado por la Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano. En su disertación en Roma, el ministro de Economía sostuvo que «Argentina pagará tasas de interés del 9% de la deuda de 2020 a 2021 con el Club de París, y eso no solo es insostenible, sino que también marca un anclaje muy importante para el resto de la reestructuración. Definitivamente, no es pari passu lo que estamos tratando de hacer; entendemos las complejidades del Club de París, pero si vamos a hacer las cosas bien, también necesitamos cooperación».
En referencia a las negociaciones con el FMI, el ministro conversó con los líderes europeos sobre la necesidad de diseñar instrumentos financieros más acordes con una arquitectura global justa y equitativa. La propuesta argentina incluye tópicos tales como la extensión del plazo de diez años previstos en los programas de Acuerdo de Facilidades Extendidas (AFE) y la modificación de la política de sobrecargos de tasas de interés y del criterio de distribución de los 650.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) que emitiría el FMI.
En relación con ese último punto, el planteo argentino-mexicano es distribuir mayores recursos a los países de desarrollo medio muy endeudados. El proyecto actual establece un reparto proporcional a la participación de los países miembros. Si así fuera, las naciones más poderosas concentrarían algo más del 40% de los recursos inyectados por el Fondo Monetario.
La posibilidad (o no) de avanzar en cualquiera de estos frentes dependerá fundamentalmente de la posición estadounidense, que acapara el 16,51% de los votos en el Fondo. Como las decisiones más importantes requieren una conformidad del 85%, la administración de Joe Biden tiene (en la práctica) el poder de veto sobre cualquier resolución del organismo financiero internacional.
En ese contexto, la reciente visita al país de uno de los principales funcionarios estadounidenses para la región (el director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental) adquirió una relevancia especial. El colombiano-estadounidense Juan González mantuvo encuentros con Alberto Fernández (de manera virtual debido al aislamiento del presidente por coronavirus), con el canciller Felipe Solá, el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz y el titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa.
El enviado de Biden sostuvo, en consonancia con el planteo argentino, que el FMI no puede ser el mismo que en 2002. Más allá de esto, González aclaró que «nuestro interés es que Argentina prospere en las negociaciones con el FMI, pero es Argentina quien determina dónde terminan». Esas declaraciones no hacen más que confirmar que las negociaciones serán arduas y complejas.