Fallo y después
Tribunales en disputa
La Corte Suprema sacudió el escenario judicial con la decisión sobre los jueces Bruglia y Bertuzzi, al establecer límites a los traslados de magistrados entendidos como designaciones definitivas. Repercusiones políticas en el oficialismo y la oposición.
Franco Mizrahi
Periodista

Talcahuano 550. El edificio porteño donde sesiona el máximo tribunal del país. (Jorge Aloy)

La Corte Suprema de Justicia provocó un sismo en el mundo judicial y político al resolver el caso Bruglia y Bertuzzi. En el voto de mayoría, los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti afirmaron que los traslados de magistrados no son equivalentes a un nombramiento definitivo. Con esa decisión, sentenciaron el final de un mecanismo de designación que estuvo legitimado por más de dos décadas y dejaron tambaleando en el cargo a decenas de jueces.
El pasaje del fallo que generó preocupación en distintas esferas judiciales se encuentra en el punto dispositivo 7° del voto mayoritario, donde se afirma que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi –trasladados por Mauricio Macri a la Cámara Federal porteña– «y todos aquellos que ocupan transitoriamente cargos de la judicatura por traslado, continuarán ejerciéndolos y gozando de la garantía de inamovilidad hasta el momento en que sean designados por nombramiento los magistrados que ocupen de modo definitivo dichos cargos, luego de cumplido el proceso constitucional de los artículos 114, incisos 1 y 2 y 99, inciso 4, en todas sus etapas». Es decir, los trasladados se quedan en el cargo hasta que se designe a un juez natural a través de la única vía constitucional existente: por concurso en el Consejo de la Magistratura, selección del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado.
«Un punto de quiebre en la historia del Poder Judicial de la Nación». Con esas palabras, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional definió los alcances que puede tener el fallo del máximo tribunal del país y dejó en claro el estado de ebullición en que entró el tercer poder del Estado a partir del 3 de noviembre. La entidad que nuclea a la corporación judicial sostuvo que lo resuelto «genera intranquilidad en magistrados y magistradas que pueden ver afectada la inamovilidad en sus cargos».
Según informaron desde el Consejo de la Magistratura, el fallo podría alcanzar a 71 jueces. Pero como de ese total solo 38 pasaron por el Consejo, la cifra podría reducirse. El número exacto de afectados aún no está claro y será motivo de discusión.
Apenas conocieron la resolución, Bruglia y Bertuzzi se tomaron licencia e hicieron trascender sus intenciones de renunciar. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio reaccionó con un comunicado: «El fallo de la Corte no nos satisface», afirmaron. En el mismo documento instaron a los por ahora camaristas a que no abandonen sus lugares en el tribunal. Cuatro días después, el 8 de noviembre, hubo movilizaciones contra el Gobierno impulsadas por la oposición donde se criticó la resolución suprema. Tuvieron epicentro en Buenos Aires y Córdoba.
Ante la consulta de este medio, desde el oficialismo aseguraron: «Para nosotros no fue una victoria, pero sí fue una gran derrota de ellos». De hecho, la renuncia de Bruglia y Bertuzzi beneficiaría al Frente de Todos. ¿Entonces, a quién está dirigida la amenaza de dejar la Cámara? «El círculo rojo jugó muy fuerte en este caso, junto con los medios hegemónicos. Fue mucha la presión», analizó uno de los protagonistas de toda esta historia.
El oficialismo no lo vive como un triunfo porque la Corte ordenó que Bruglia y Bertuzzi sigan en la Cámara hasta que se realice un nuevo concurso. El último que se completó para ocupar la instancia revisora de Comodoro Py demoró diez años. Es el de Mariano Llorens (el promedio de demora para un puesto normal supera los tres años).
Otro aspecto negativo para el Poder Ejecutivo es que para poder avanzar con los concursos requiere del consenso de la oposición en el Consejo de la Magistratura. Para aprobar una terna hacen falta dos tercios de los votos de los presentes en el plenario. Si están los trece consejeros se necesitan nueve voluntades. El Frente de Todos no tiene esa mayoría, por lo que deberá dialogar con sus adversarios. Es más, si la oposición cierra filas no saldría ninguna terna y, por ende, los concursos quedarían trabados. Esto dejaría a los trasladados en sus lugares actuales por tiempo indefinido.
La pulseada política no es menor. En el momento en que se cubran las cuatro vacantes de la Cámara Federal porteña comenzará una nueva era en Comodoro Py, que entonces tendrá un «póker» de jueces nuevos en el tribunal revisor. Se sumarán a Llorens y Martín Irurzun. Será un cambio de peso y complementario a la por ahora truncada «reforma judicial».

Cuatro a uno
La Corte pagó un precio muy caro por su intervención en este caso. Primero, habilitó de forma extraordinaria un per saltum para tratar el futuro de dos jueces cuya situación estaba siendo revisada en tribunales. Esgrimió como excusa una controvertida «gravedad institucional». Luego demoró un mes para tratar esa «urgencia». Con la sentencia no hizo más que multiplicar las críticas en su contra. A su favor: volvió al centro de la escena política.
El voto mayoritario que sembró la discordia fue firmado por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, la bautizada «tríada peronista» en tiempos macristas, cuyos integrantes se desconfían. A ellos se sumó Elena Highton de Nolasco, pero con su propio argumento para rechazar el planteo de Bruglia y Bertuzzi. No avanzó contra todos los traslados.
El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, volvió a quedar en soledad. Fue quien puso el pedido de salto de instancia sobre la mesa cortesana y presionó para tratarlo. Se convirtió, una vez más, en el gran derrotado al ser el único que votó para que Bruglia y Bertuzzi se queden de forma definitiva en la Cámara, tal como reclamaban Cambiemos y los medios hegemónicos. Ya no es novedad: el Alto Tribunal está «partido».
Este movimiento tectónico en el Poder Judicial se dio apenas unos días antes de que el consejo de expertos le entregue al presidente Alberto Fernández su informe para reestructurar la Justicia. Incluye cambios en la Corte y el Consejo de la Magistratura, que tras el fallo quedaron en el centro de la escena.