Fuera de juego
Oficina anticorrupción
Desde su designación al frente del organismo, Laura Alonso, a contramano de la función que debe desempeñar el área que conduce, ejerce una cerrada defensa del actual Gobierno en cada una de las causas que debería investigar.
Carlos Romero


Antecedentes. Alonso fue directora de Poder Ciudadano y diputada nacional por el PRO. (TÉLAM)
 

La gestión de Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción (OA) está marcada por la percepción generalizada de que no se ocupa de investigar al gobierno de Mauricio Macri. Y que cuando las circunstancias la forzaron a intervenir, siempre lo hizo a regañadientes y con un mismo resultado: la desvinculación del jefe de Estado y sus funcionarios de las sospechas que se cernían sobre ellos.
Si bien la OA, un organismo creado en 1999, nunca terminó de tener un papel concreto en la administración pública, en el caso de Alonso, la paradoja llegó al extremo. En especial, luego de que declarara su decisión de no involucrase en los asuntos del Poder Ejecutivo. «Dado que he sufrido acusaciones personales durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, y por la falta de recursos humanos que también tenemos, en este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas», sostuvo en una entrevista, en referencia a los expedientes sensibles para la Casa Rosada. «Para que me acusen de encubridora o de ir a embarrar las causas de la corrupción, que la lleven adelante los jueces y fiscales», consideró.

Contradicciones
Estos dichos chocan de lleno con las propias atribuciones del área que dirige y hasta con el propio nombre del cargo que ostenta: Alonso es secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. En su sitio web, la OA especifica que entre sus funciones está la de evaluar «situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito, incompatibilidad o conflicto de intereses», junto con otras infracciones a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, y que también es su tarea recibir y formular denuncias penales, para lo cual puede asumir el rol de querellante. Por lo pronto, desde la oposición ya denunciaron a la secretaria por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Alonso llegó al PRO y luego a Cambiemos desde el mundo de las ONG, una pata fundamental en el armado originario del partido amarillo. Politóloga de la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas de la London School of Economics, antes había sido directora de Poder Ciudadano, un think tank que desde 1993 se convirtió en el capítulo argentino de Transparencia Internacional. Con esos antecedentes ajenos a la política clásica y entre los cuales destacaban sus críticas al kirchnerismo, en 2009 fue elegida diputada nacional de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO. Como legisladora, junto con su entonces colega Patricia Bullrich, había invitado en enero de 2015 al fiscal Alberto Nisman para que expusiera en el Congreso su acusación contra Cristina Fernández en el marco de la causa AMIA.
Con Macri en la Rosada, Alonso desembarcó en la OA, y desde ese mismo momento comenzaron las críticas. El desencadenante fue que la nueva directora llegaba sin cumplir con los requisitos. La normativa exigía no menos de 6 años en el ejercicio de la profesión de abogado o idéntica antigüedad en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. Pero Alonso era politóloga, así que el presidente emitió el decreto 226/2015, que licuó las exigencias y así habilitó su designación.
A partir de entonces, se fueron apilando los ejemplos en que el papel de la OA se puso en entredicho, incluidas varias acciones judiciales contra su jefa por su método selectivo de control. Se pueden mencionar episodios como el del Correo Argentino y la millonaria deuda condonada al Grupo Macri, los intereses cruzados entre la petrolera Shell y el exministro de Energía, Juan José Aranguren, o la salvaguarda del presidente en el escándalo de los Panamá Papers. Cansada de estos cuestionamientos, Alonso anunció que ya no se ocuparía de querellar al gobierno de Cambiemos.