Futuro embargado
Deuda pública
Mientras que los compromisos financieros del Estado llegan al 95% del PBi, la fuga de capitales en los últimos tres años superó los US$ 59.000 millones. Las consecuencias sociales de esa transferencia de recursos. Estrategias a corto plazo.
Daniel Víctor Sosa

Recesión. Dujovne y el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, informan el resultado del ajuste. (Notiicias Argentinas Baires)

Se estima que el país deberá afrontar durante 2019-20 pagos totales de su deuda por unos US$ 83.000 millones. Es decir, más de 1,2 veces la tenencia actual de reservas del Banco Central. Una suma que equivale a 16 meses de exportaciones. La tranquilidad de los funcionarios, sin embargo, reposa en el abrazo con el FMI, que debe cubrir la mitad de esos compromisos según lo acordado. Otro tanto provendría del «déficit cero».
El discurso oficial no escatima tergiversaciones. «Los intereses que estamos pagando –dijo el ministro Nicolás Dujovne– son la deuda que tomó la Argentina a lo largo de muchos años. Que inclusive están incrementados en los últimos porque, bajo esta administración, se decidió salir del default». Traducido: el pago a los fondos buitre que iba a desencadenar la lluvia de inversiones externas. Lo cierto es que en el ejercicio 2019 los vencimientos de deuda representarán
$ 596.000 millones de pesos. La cifra es el resultante de que la cuenta de intereses aumentara de 2,1 puntos del producto bruto en 2017 a 2,8 el año pasado. Dicho de otro modo, es creciente la porción de riqueza generada en Argentina que se transfiere a los financistas, tanto externos como internos.


Burbuja
Si el globo de la deuda pública no se infló más no fue por decisión del gobierno sino de los prestamistas, que dejaron de suministrar fondos tan pronto como advirtieron la inconsistencia del esquema actual para devolver lo obtenido. Esa fue la raíz de la devaluación del peso en el último otoño/invierno y del retorno al FMI. Para entonces, Argentina ya se había convertido oficialmente en el país que mayor deuda pública registra en América Latina y el Caribe, en proporción con el tamaño de su economía, según cotejos realizados por el Banco Mundial.
El país tiene compromisos financieros equivalentes al 95,5% de su producto bruto durante el tercer trimestre de 2018, frente al 57,1% registrado nueve meses atrás, de acuerdo con el informe «Presentación gráfica de la deuda pública del Estado argentino», publicado a fines de diciembre por el Ministerio de Hacienda.
La deuda que se mantiene con prestamistas del sector privado y con organismos internacionales (es decir, excluida la intra sector público) llegó en septiembre pasado a 57,9% del PBI (cuando era de 29,3% en diciembre de 2017). A su vez, la deuda nominada en dólares subió al 75,4%, el nivel más alto desde 2004. Pero si se consideran las obligaciones del denominado cupón PBI (bonos atados a la evolución del producto), el endeudamiento asciende al 99,5%. El ratio deuda/PIB había llegado a 118% en pleno default, al comienzo de la gestión de Néstor Kirchner, y se redujo hasta 52,6% hacia 2015.


Equilibristas
Tras el empeoramiento de aquella situación, quienes hoy manifiestan su confianza son los financistas externos nucleados en el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, que agrupa a los mayores bancos y aseguradoras globales). Un informe reciente de la entidad afirmó que «en la Argentina, el paquete aumentado del FMI debería ser suficiente para financiar las salidas continuas de la deuda del gobierno y una fuga de capitales doméstica más pequeña pero persistente». El IIF no duda de que la cuenta corriente del país «mejorará drásticamente en 2019, debido a la compresión de las importaciones», pero advierte que «el desafío en la Argentina es el ajuste fiscal ambicioso en un año electoral», requerido «para evitar que vuelvan a surgir desequilibrios».
Está claro que el equilibrio buscado se compadece con la comprobación de que tanta deuda no sirve ni sirvió para planes de desarrollo o bienestar de sectores vulnerables de la población. Todo lo contrario, más bien es funcional a una intensa fuga de capitales. Según los datos difundidos el 21 de enero pasado por el Indec, solo en diciembre de 2018 el nivel de atesoramiento («Formación de Activos Externos del sector privado no financiero», o sin eufemismos, fuga de capitales) ascendió a 862 millones de dólares. De modo que la compra de divisas para atesorar sumó el año pasado nada menos que 27.230 millones de dólares. Así, en los primeros tres años de mandato de la coalición Cambiemos la fuga de capitales ascendió a 59.328 millones de dólares, una cifra superior a la obtenida en el acuerdo ampliado con el FMI.
Las enormes transferencias ligadas con la deuda tienen, por cierto, claras consecuencias en lo social. Este año, calculó la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), el Estado nacional destinará 4 veces más fondos para servicios de deuda que para Salud; 2,6 veces más que para Educación; y casi 13 veces más recursos que para Ciencia y Técnica. Otras comparaciones son elocuentes.
De acuerdo con el Presupuesto de la Administración Pública, por cada 100 pesos derivados al pago de la deuda pública se destinan 38 para Educación; 25 para Salud; 11 para Protección Social; 7,7 para Ciencia y Técnica; 4,8 para Vivienda y Urbanismo; 4,1 para Agua Potable; 1,8 para Trabajo; y apenas 10 centavos para Industria. No obstante, advierte la casa de altos estudios, tres cuartas partes de la deuda está nominada en dólares y el monto requerido por los servicios fue estimado con un dólar promedio de 40,1 pesos «Si el tipo de cambio es algo más alto, 43 pesos promedio en 2019 por poner un ejemplo, los servicios de deuda se elevarían en más de 30.000 millones de pesos», alertó la Undav.