Herramienta para el debate de ideas
Propuesta del IMFC
Consecuente con su tradición de no permanecer indiferente ante la realidad nacional, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó una edición actualizada del documento que promueve la democracia participativa y la justicia social.

Cooperativismo. Alternativa de transforma-ción para promover inclusión y equidad. (Bibiana Fulchieri)

A pocos meses de la profunda crisis económica y social que eclosionó a fines de 2001, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) elaboró un documento donde advertía sobre la gravedad de la situación del país y analizaba las posibles salidas. Con el devenir del tiempo, y como respuesta a las diferentes coyunturas, la entonces llamada «Propuesta Cooperativa para refundar la Nación y enfrentar la emergencia», fue varias veces actualizada. «Por una Argentina con democracia participativa y justicia social» es la última versión presentada.
Al igual que las anteriores –2002 y 2005–, esta edición es fruto de un profundo análisis de la situación económica, social, política y cultural del país en base a los valores y principios de la cooperación, «con el objetivo de contribuir al debate indispensable para construir colectivamente un proyecto transformador viable y sustentable en el tiempo».
«La doctrina cooperativa se ha nutrido, a lo largo de la historia, con la experiencia concreta del movimiento, en la configuración del amplio espacio de la economía social y solidaria. Así, enriquecida con diferentes miradas filosóficas, pero con el denominador común de contribuir al mejoramiento constante de la calidad de vida de los asociados y la comunidad, el cooperativismo constituye en el presente una formidable alternativa para transformar el mundo y aportar a la salida de una crisis civilizatoria provocada por un modelo dominante que concentra la riqueza y descarta a millones de seres humanos», manifiesta el presidente del IMFC, Edgardo Form, en la presentación de la actual edición.


Estado presente
Además de propuestas económicas que apuntan a resolver los graves y crecientes problemas que afectan a buena parte de la sociedad argentina, el documento del Instituto Movilizador incluye un capítulo especial que impulsa una reforma constitucional, con la idea de establecer «un nuevo contrato social sobre la base de un amplio y profundo debate democrático, con activa participación de la ciudadanía a través de sus organizaciones representativas».
Paritarias libres en las que los salarios le ganen a los precios; inclusión laboral para todos y todas; servicios públicos accesibles; integración nuestroamericana y alianza con otras naciones para, desde allí, intervenir en el contexto global; instituciones republicanas que funcionen de manera soberana; inclusión social y distribución de los ingresos; promoción de la salud, la educación y la ciencia y la tecnología; defensa de la producción nacional, las pymes y las economías regionales, son algunas de las «ideas fuerza» que se plantean en el texto. Asimismo, el mismo señala la necesidad de volver a impulsar un Estado presente «en oposición al que solo interviene para que las corporaciones desarrollen sus negocios con máximos beneficios».
La Propuesta propicia la reforma del decreto-ley de entidades financieras 21.526 de la dictadura cívico-militar. «La actividad financiera debe ser considerada un servicio de interés público, orientado a satisfacer las necesidades transaccionales, de ahorro y de crédito de todos los habitantes de la Nación y contribuir a su desarrollo económico y social. Es preciso orientar el crédito hacia inversiones productivas (especialmente hacia las pymes) y evitar los abusos en los que incurren las entidades financieras lucrativas al establecer altas tasas de interés y comisiones».
Por otro lado, el documento aboga por una reforma tributaria que incremente la progresividad del sistema impositivo, a través de impuestos que recaigan sobre los ingresos personales más elevados. También solicita la derogación de la Ley de Reforma Jubilatoria (Ley 27.426 - diciembre 2017) y propone «intentar llegar al 82% móvil». En otro tramo, aborda la descentralización y la redistribución del gasto público, mediante la participación popular.