Inevitables efectos negativos
Alfredo T. García
Economista

Washington. Cardarelli, Werner, Lagarde y Rice anuncian el acuerdo con Argentina. (IMF Photo)

Hace ya más de un año que temía que este momento llegara: tuve que pasar la carpeta «FMI» de la computadora, desde la de «Internacionales» a la de «Coyuntura local». Es que a partir de la firma del acuerdo con el FMI, sus condicionamientos estarán presentes día a día en prácticamente todas las cuestiones económicas, sociales y políticas.
El eje del programa es la sanción de un Presupuesto Nacional 2019 que recoja el ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI), una cuestión no negociable para el gobierno: una más de las fuertes evidencias del impacto negativo sobre la soberanía de nuestro país y las instituciones democráticas. Para el FMI, la falta de cumplimiento derivará en la no liberación de los desembolsos futuros, situación que incrementaría significativamente la volatilidad de la economía. ¿Cómo se respeta la República, si se intenta impedir un camino distinto al diseñado por el Fondo?
El FMI reclama la finalización de la reducción de las retenciones a la soja (medio punto por mes hasta fin de 2019). Parece una medida «progre», pero según los cálculos del Fondo, se lograría obtener un 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB) entre lo que falta de este año y todo 2019. Sin embargo, para el mismo período solicita una reducción en los gastos en empleados públicos del 0,5% del PIB. Menuda diferencia.
Para el resto del año y todo 2019, el Fondo proyecta un ajuste (entre mayores ingresos y, principalmente, reducción de gastos) del 5,9% del PIB. ¿Cuánto significa este esfuerzo fiscal? Por ejemplo, la mitad de todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones pagadas en todo un año. O casi la tercera parte del total del gasto primario. Un apretón colosal. Del ajuste mencionado, un 1,7% del PIB saldrá de las reducciones a las transferencias discrecionales a las provincias, quienes tendrán que cargar con una buena parte del ajuste: no parece que estén en condiciones.  
También se solicita la «amortización» de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El principal objetivo es la venta de las acciones de las compañías privadas que posee el FGS.  Entre las más importantes, están los bancos Macro y Galicia y empresas como Pampa Energía, Telecom, Siderar, por mencionar algunas. En unos diez casos, la participación de las acciones en poder del FGS sobre el total de capital de las empresas supera el 25%. La venta significa un notición para estas muy grandes compañías, muchas de las cuales están pensando en recuperar esas acciones con su respectivo poder de voto.
Además, con estas ventas, que alcanzan también a los plazos fijos y a los títulos públicos, se irá desarmando el FGS, destinado a darles sustentabilidad a los pagos presentes y futuros a los jubilados y pensionados. Preocupa por esa razón, y porque indica ser el inicio del desfinanciamiento del sistema, lo cual seguramente dará letra a quienes desean volver a privatizar los fondos previsionales total o parcialmente. Un objetivo que viene sugiriendo el FMI desde hace tiempo.
Una cuestión poco conocida: la mitad del gran esfuerzo fiscal que se exige a la Argentina y a su ciudadanía hasta el 2023 irá a pagar el incremento de los intereses de la deuda pública. No es novedad. El Fondo siempre ha perseguido como principal objetivo, garantizar el pago de la deuda a los inversores privados. A como dé lugar.
El acuerdo con el FMI refuerza las políticas del gobierno argentino, y de allí la alta valoración del mismo que expresan los funcionarios nacionales. Aunque, como lo reconoce el propio Fondo, «la propuesta de consolidación fiscal es ambiciosa con relación a otros países en situaciones similares».
Por si quedan dudas del impacto: Roberto Cardarelli, jefe de la misión del FMI en Argentina, reconoció en un blog del propio organismo que «el plan pretende proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad de los inevitables efectos negativos que los recortes en algunos tipos de gasto tendrán en la economía». La protección será mínima, pero los efectos negativos, desafortunadamente, serán significativos.