Justicia y política
Consejo de la Magistratura
El oficialismo perdió posiciones en la integración del organismo que selecciona a los magistrados, como resultado de un acuerdo entre el peronismo federal, el kirchnerismo y el Frente Renovador. La oposición se quedó con 4 de los 6 cargos que se renovaron.
Franco Mizrahi

Debut. En la sesión de diciembre los consejeros designaron autoridades y distribuyeron las comisiones. Cambio en la correlación de fuerzas. (Matías Baglietto)

Al gobierno se le escurre el manejo del Consejo de la Magistratura. Con el año electoral que comienza, este órgano clave para el devenir del Poder Judicial, ya que selecciona y sanciona a los jueces, cambia sus relaciones internas de fuerza y pone en riesgo la supremacía macrista.
El plenario del Consejo resolvió ungir como presidente a Ricardo Recondo, integrante de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial y extitular de la Asociación de Magistrados, la organización que nuclea a jueces y fiscales y que batalla para que estos no paguen Ganancias. Durante el kirchnerismo, Recondo ganó notoriedad por ser uno de los principales opositores a las reformas judiciales que se intentaron implementar. Es integrante de la lista Bordó, aliada táctica del gobierno desde que asumió Mauricio Macri. En tanto, la vicepresidencia pasó a manos de la representante de los abogados del Interior, Marina Sánchez Herrero, esposa del presidente del bloque de diputados bonaerenses de Cambiemos, Maximiliano Abad. La letrada marplatense llegó al cargo en medio de una disputa judicial en torno a su elección como consejera.
Al frente de la estratégica Comisión de Selección –donde se encaminan las postulaciones– fue ubicado el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta. Egresado del colegio Cardenal Newman, al igual que Macri y otros funcionarios, se lo considera cercano a Balcarce 50 aunque con cierto margen de «independencia». Sin ir más lejos, en el peronismo aseguran que tienen diálogo con él. En la Comisión de Administración fue designado el abogado porteño Juan Pablo Mas Vélez, vinculado con el radicalismo de la Ciudad y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. La Comisión de Reglamentación quedó a cargo de la senadora radical Inés Brizuela y Doria.
La novedad más contundente se dio en la Comisión de Acusación, donde se inician o se obstaculizan los procesos contra los magistrados. Se trata de un puesto clave que estará encabezado por un opositor, de buen diálogo con Cambiemos: el jefe del bloque de senadores del peronismo, Miguel Ángel Pichetto. Reemplazará al frente de esta función al diputado Pablo Tonelli, quien continuará como consejero, pero con un poder recortado. Tonelli y Juan Bautista Mahiques, representante del Ejecutivo, son los únicos sobrevivientes de la gestión anterior. Ambos expresan dos líneas enfrentadas dentro de la interna judicial macrista.  


Quejas radicales
En tribunales esperan que este movimiento obture el «disciplinamiento» que el gobierno buscó ejercer desde esta comisión, denunciando a todos los  jueces que se expresaron en contra de los intereses oficiales. No sería una modificación menor a la luz del rol que jugó un sector del Poder Judicial en los últimos tres años, caracterizados por el impulso de causas de fuerte impacto político. Además, en 2019 se esperan diversos juicios contra funcionarios kirchneristas y contra la propia Cristina Fernández, lo que vuelve a ubicar al tercer poder del Estado en el centro de la escena.
El macrismo, a priori, corre el riesgo de perder la mayoría especial automática que le permitió confeccionar ternas y presionar y remover jueces. Esto reavivó la interna entre el PRO y el radicalismo, que se quedó sin representante legislativo por primera vez desde que entró en funcionamiento esta institución, en la década del 90. El 16 de noviembre, a la hora de definir el recambio del estamento que representa al Congreso en el consejo –se trata de tres diputados y tres senadores, de los cuales dos van por la mayoría de cada cámara y uno por la minoría–, el peronismo mostró un gesto de unidad en el recinto. En ambas cámaras hubo acuerdo entre las distintas vertientes del PJ, por lo que esta fuerza política se quedó con cuatro de los seis cargos que se renovaban. Los nuevos representantes de los diputados son Eduardo Wado De Pedro (FPV), Graciela Camaño (Frente Renovador) y Tonelli. El radical Mario Negri –presidente del interbloque– perdió su silla, lo que desató la furia correligionaria. La UCR emitió un comunicado en el que expresó su «profundo malestar» por «la impericia en las filas del propio oficialismo». En el Senado también logró imponerse el PJ. En ambas cámaras jugaron un rol central los gobernadores, por lo que los «boina blanca» cargaron las tintas contra el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por no haber incluido en las negociaciones con los mandatarios provinciales las bancas en juego.
Así las cosas, Pichetto volvió al consejo y se espera que, ante la ebullición electoral, se muestre más alejado de la Casa Rosada. Fue elegido, junto con la santiagueña Ada Itúrrez de Capellini, como parte del acuerdo con el gobernador santiagueño Gerardo Zamora. Por la minoría, ingresó la mencionada Brizuela y Doria. «Hay acuerdo para hacer un “bloque” peronista entre los cuatro», aseguran desde el órgano clave para la administración de justicia. Al menos, eso es lo que coordinaron quienes tejieron esta entente apenas asumieron. Se esperan «coaliciones móviles», según los temas que se aborden.
Con esta composición, si la oposición logra el apoyo de un consejero más a la hora de votar –se especula con que podría ser el camarista de San Martín Alberto Lugones– el oficialismo se queda sin mayoría especial (9 consejeros de 13) y por ende sin la posibilidad de elevar ternas de jueces y remociones a piacere, como sucedió hasta ahora. Por esa facilidad, Cambiemos logró «domesticar» a gran parte del Poder Judicial y designó magistrados en puestos clave. Todo indica que eso no se repetirá en 2019, año surcado por la contienda electoral.