La hoja de ruta del FMI
Bajo presión
Una nueva revisión del acuerdo stand by marca el rumbo de la política oficial hasta las elecciones presidenciales: llegar a octubre en una relativa calma cambiaria es el objetivo primordial. Apuesta a la liquidación de divisas del sector agropecuario.
Diego Rubinzal

Rendir cuentas. El equipo económico presenta los datos del resultado fiscal para que sean evaluados por el staff del organismo multilateral. (Télam)

La reciente revisión del acuerdo stand by firmado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como los reiterados pedidos de autorización para adoptar medidas frente a la coyuntura ponen de relieve que el organismo internacional encabezado por Christine Lagarde, es el que manda en la economía nacional. Es que el gobierno de Mauricio Macri quedó contra las cuerdas en mayo del año pasado, cuando la corrida cambiaria lo dejó al borde del nocaut. El 8 de ese mes, el presidente informó: «He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero». Desde entonces, el FMI tomó el comando directo de la economía argentina. Es cierto también que no existían mayores diferencias con la hoja de ruta trazada por la Alianza Cambiemos. El rumbo neoliberal es compartido de los dos lados del mostrador. Sin embargo, el oficialismo pensaba recurrir a este prestamista de última instancia más adelante.  
Un economista cercano al oficialismo explicó muy bien ese nuevo escenario. «Dujovne y Sandleris toman mate y mandan una planilla a Washington a las 17 horas», dijo Carlos Melconian.
La última actualización de las directivas ocurrió a mediados de marzo, cuando la misión técnica del FMI aprobó la tercera revisión de acuerdo stand by.  El documento precisa tres cuestiones importantes:
1) El acuerdo original preveía una cláusula de «salvaguarda social» del 0,2% del PIB como desvío tolerable para la meta de déficit fiscal primario cero. Eso permitía inyectar alrededor de 37.000 millones de pesos para financiar programas sociales. Ahora, la misión encabezada por el italiano Roberto Cardarelli elevó ese porcentaje al 0,3% (alrededor de 57.000 millones de pesos). «La débil actividad económica y la alta inflación están teniendo impacto. Apoyamos los esfuerzos de las autoridades para mitigar el efecto social de las políticas de estabilización. Será fundamental que los programas de gasto social de alto impacto se conserven durante este año y más allá», explica el informe del Fondo. La suba del 46% (a partir de marzo) en el monto de la Asignación Universal por Hijo está relacionada con este punto. Ese fue uno de los pocos anuncios concretos de Mauricio Macri en la apertura de las sesiones legislativas. En realidad, ese aumento es un adelanto de la recomposición proyectada para todo 2019.
2) El refuerzo de algunos programas sociales no implica un relajamiento de las metas fiscales. En el comunicado oficial, los técnicos fondomonetaristas dejaron en claro que «las autoridades han cumplido con su objetivo de déficit primario de 2018. Lograr un déficit primario cero en 2019 requerirá una mayor restricción en el gasto gubernamental».  El problema es que, tal como se preveía, la recaudación impositiva está cayendo (en términos reales) por efecto de la recesión económica. En el primer trimestre de 2019, la recaudación tributaria estuvo 25.221 millones de pesos por debajo de lo presupuestado. El cumplimiento de las metas fiscales obligará a un fuerte recorte de gastos en diferentes rubros presupuestarios (obra pública, transferencias a las provincias, subsidios, sueldos estatales, entre otros).
3) El Ministerio de Hacienda podrá vender 9.600 millones de dólares en los próximos 6 meses. El Tesoro realizará licitaciones de hasta 60 millones de dólares diarios a partir del 15 de abril. El objetivo es mantener tranquilo el frente cambiario. En su artículo La evaluación del FMI. Tolerancia y complacencia (Página/12), el presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller, comenta que «los fondos para las subastas alcanzarían hasta fines de noviembre, apenas después de una posible segunda vuelta (24 de noviembre). Cualquier presunción de apoyo político del FMI estará en lo cierto».
El informe técnico del staff fue evaluado por el Directorio Ejecutivo del organismo. Pese a los múltiples desequilibrios de la economía argentina y al pedido de waiver (perdón) del Gobierno nacional, el FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo. El visto bueno del directorio facilita el desembolso de 10.870 millones de dólares, con lo cual, el gobierno de Mauricio Macri ya habrá recibido alrededor del 70% del monto total otorgado. El siguiente tramo del crédito ingresaría a mediados de junio, por una cifra total de 5.390 millones de dólares.


Los dólares del campo
El casi único objetivo económico oficial quedó reducido a llegar a las elecciones con una relativa «pax cambiaria». Una fuerte devaluación terminaría con las ambiciones reeleccionistas de Macri. En ese sentido, la liquidación de los dólares del «campo» ayudaría a reforzar las reservas del Banco Central. El Gobierno espera que las exportaciones agropecuarias aporten, en el semestre abril-septiembre, 10.000 millones de dólares. El interrogante es qué porcentaje de la cosecha se liquidará en el mercado. Como se sabe, el macrismo eliminó la obligación de liquidar las divisas de las exportaciones a través del Decreto 893/17.
El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, sostuvo que «es muy importante que todos esos millones de dólares que están en las silobolsas lleguen a los bancos, porque eso genera capacidad prestable… Estamos creando al mismo tiempo las condiciones para que los productores se desprendan de la cosecha y es la mezcla de estabilidad cambiaria y altas tasas de interés».
Sin embargo, los primeros datos no son auspiciosos. La liquidación de divisas del agro en marzo (1.143,4 millones de dólares) fue la más baja desde 2010. El monto liquidado en el primer trimestre (4.189,4 millones de dólares) acumula una caída del 10,5% en términos interanuales, según datos de la Cámara Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
La economista Silvina Batakis explicó que «la situación es simple de observar. El Banco Central vende futuros arriba de los 57 pesos. ¿Por qué los exportadores van a vender con este dólar a 43? Lo máximo que liquidan es para cubrir costos y pagar deudas».
La reticencia a liquidar la cosecha se conjuga con un extendido malestar en el sector agropecuario. Las quejas son muy fuertes en el ámbito de las economías regionales y también entre los productores de la zona pampeana. En un programa de televisión, los otrora referentes de la Mesa de Enlace (en los tiempos de la disputa por la RG 125) se manifestaron «desencantados» con el modelo económico macrista. Por caso, el exlíder de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, advirtió que «si no cambian, esto va a reventar y va a ser un desastre». «Hay mucha decepción en el campo con Macri», agregó el extitular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi. El extitular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, planteó que «nosotros como sector hemos apoyado a Macri profundamente. Hemos hecho mucho para que llegara al gobierno».
Pero no todos se quejan. El empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel declaró que «el sector está pagando muchísimo dinero en impuestos, probablemente más que en la época de Cristina Fernández. En el campo estamos mal, pero contentos. Pagamos más, pero contentos». Postales de un país en crisis.