La letra chica
En busca de un acuerdo
Diego Rubinzal

Cambio de rumbo. Funcionarios argentinos aseguran que se discutirá un esquema que incorpore un plazo de gracia de cuatro años y medio. (Olivier Douliery/AFP)

La negociación del ministro de Economía, Martín Guzmán, con los bonistas en manos privadas bajo legislación extranjera y local fue exitosa, pero la renegociación global aún no concluyó. El capítulo siguiente es reprogramar los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).  
En agosto la dupla Guzmán-Miguel Pesce (presidente del Banco Central) ya había propuesto al FMI, a través de una carta, negociar un nuevo programa que reemplace el stand by macrista. En noviembre, en su segunda visita al país, Julie Kozack (directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental) y Luis Cubeddu (jefe de la misión para Argentina) llegaron con una agenda de trabajo cargada, que incluyó avanzar en la definición de la «letra chica» de un nuevo acuerdo.
Guzmán comunicó que se discutirá un Programa de Facilidades Extendidas (Extended Fund Facility - EFF) que incorpore un plazo de gracia de cuatro años y medio. El Fondo explica que el EFF «fue creado para ayudar a los países que experimentan graves problemas de balanza de pagos por deficiencias estructurales o lento crecimiento y una situación de balanza de pagos muy debilitada». El EFF se diferencia del stand by en dos puntos principales: los plazos son más extensos (hasta diez años), mientras que la vigencia del stand by tiene un máximo de dos años (excepcionalmente 36 meses); y, en segundo lugar, implica un monitoreo más riguroso de metas cuantitativas y cualitativas. En particular, el organismo suele «recomendar» la implementación de planes de ajuste en materia laboral, previsional e impositiva.
En su trabajo Argentina y el FMI: efectos económicos de los programas de ajuste de larga duración, la economista Noemí Brenta explica que «las condicionalidades cualitativas obligatorias definen las características de los planes económicos ligados a los acuerdos, que el FMI considera esenciales. Si en vigencia de un acuerdo con el Fondo, el país prestatario incumple las metas comprometidas, puede solicitar una dispensa. Generalmente, el organismo exige medidas correctivas o compensatorias del incumplimiento, y si no recibe satisfacción, suspende los desembolsos o da por terminado el acuerdo».
 

Ayer y hoy
Argentina lleva firmados 23 acuerdos con el FMI desde que adhirió a los convenios de Bretton Woods en 1956. Las únicas dos veces que suscribió un EFF fue en 1992 (Carlos Menem-Domingo Cavallo) y 1998 (Carlos Menem-Roque Fernández). Por caso, el acuerdo de 1992 (ligado a la adhesión al Plan Brady de renegociación de la deuda soberana) exigía la privatización del sistema de seguridad social y la ampliación de la base imponible del Impuesto al Valor Agregado, entre otras cuestiones. Por su parte, el EFF de 1998 estableció límites estrictos al déficit fiscal consolidado (Gobierno nacional + jurisdicciones provinciales).
Las autoridades políticas y económicas del Gobierno nacional sostienen que esta vez será distinto. Por lo pronto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, avisó que «no hay espacios para ajustes». A su vez, Guzmán sostuvo que «el programa no va a tener exigencias de ese tipo (“reformas estructurales”), hubo fracasos anteriores con esas recetas. Son premisas del Consenso de Washington que no corren más».
En ese marco, la misión del Fondo habría apoyado el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas, respaldo que no es de carácter ideológico sino práctico, ya que ve con buenos ojos reforzar los ingresos tributarios para reducir el déficit fiscal del año que viene. Incluso en un reciente documento, el Departamento de Finanzas Públicas del FMI expresó que deben «considerarse aumentos de las tasas en los tramos superiores del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre la propiedad y del impuesto sobre el patrimonio, quizás a modo de sobretasa solidaria». A lo largo de su historia, el FMI muchas veces propuso incrementar la presión impositiva sobre los sectores más pudientes para «cerrar» las cuentas. En la década del 90, el director gerente Michel Camdessus reconocía que no había ajustes indoloros, pero aclaraba: «No hay ninguna razón particular para que el precio del ajuste económico recaiga más sobre los pobres. Cuando esto sucede es porque el Gobierno lo permite. El Gobierno debe pedir más a los privilegiados de la sociedad, porque proteger a los más pobres es la clave del éxito». Sin embargo, la historia enseña que el tutelaje del Fondo achica los márgenes de autonomía de los gobiernos nacionales.