Los que ganan
Corporaciones farmacéuticas
Mientras ONG, expertos en propiedad intelectual y parlamentarios reclaman licencias abiertas para medicamentos y vacunas contra el COVID-19, la industria multinacional advierte que no está dispuesta a compartir las patentes. Entre la salud y los negocios.
Alberto Ferrari

(Shutterstock)

La iniciativa de que la Organización Mundial de la Salud agrupe los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos, vacunas y tecnología sanitaria útiles en la lucha contra la pandemia de COVID-19 surgió de alguien inesperado: el presidente costarricense, Carlos Álvaro Quesada, quien junto con su ministro de Salud, Daniel Salas, solicitó a la OMS «la creación de un mecanismo de agrupación global para los derechos, incluidos los relacionados con patentes de invenciones y diseños, sobre los datos, el conocimiento y las tecnologías útiles en la prevención, detección y tratamiento del coronavirus».
La propuesta de Costa Rica concitó el apoyo inmediato de medio centenar de prestigiosos expertos en propiedad intelectual y de una treintena de ONG globales, además de europarlamentarios e influyentes asociaciones de la sociedad civil estadounidense. Los Gobiernos de España y los Países Bajos también se sumaron a la iniciativa.
«Algunos Gobiernos y otras entidades pueden ser reticentes a compartir abiertamente tecnologías a nivel mundial mediante licencias abiertas o licencias sobre regalías razonables y asequibles», advirtieron las ONG. Por eso, urgieron a la OMS a que avance «en un acuerdo inicial que cree la base legal mínima para permitir tales asignaciones y licencias en el futuro». En tanto, en sintonía con esta propuesta, 33 europarlamentarios pidieron a la UE que garantice «licencias no exclusivas» para que las patentes «no restrinjan la producción» de medicamentos y vacunas contra la pandemia.

Beneficios para pocos
En tanto, Médicos sin Fronteras (MSF) se sumó al llamamiento exigiendo que «no se patenten ni se saque provecho de los medicamentos, los tests o las vacunas para la pandemia de COVID-19» y pidió a los Gobiernos que «se preparen para suspender y anular patentes y tomar otras medidas, como el control de precios, para garantizar la disponibilidad, reducir el precio y salvar más vidas».
En nuestro país, la Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo), sumándose al reclamo global, recordó que en virtud de la Emergencia Sanitaria, el Gobierno argentino puede emitir licencias obligatorias y mencionó un ejemplo reciente: «El pedido realizado por la empresa estadounidense Gilead Sciences a la FDA (Food and Drug Administration de Estados Unidos) para que declare a su desarrollo remdesivir –droga que demuestra ser hasta ahora una de las más promisorias para el tratamiento del COVID-19– como una droga huérfana (categoría que incluye a los medicamentos dirigidos a tratar afecciones poco frecuentes) a los fines de obtener mayor monopolio y beneficios comerciales».
«El accionar de Gilead provocó el rápido y unánime rechazo de la sociedad civil. Las críticas y mensajes en las redes sociales fueron contundentes y llevaron a que la empresa desistiera de utilizar el carácter otorgado por la FDA. Pero ello no termina de solucionar el reclamo de la sociedad, que se organiza en torno al pedido de desistimiento de todas las patentes sobre remdesivir que Gilead tiene en el mundo», completó GEP.
Al clamor global, hubo una respuesta contundente. Thomas Cueni, director general de la International Federation of Pharmaceutical Manufacturers (IFPMA), la cámara mundial de las multinacionales farmacéuticas, respondió que agrupar los derechos de patentes no mejorará la batalla global contra el virus. «Ya existen herramientas para que los Gobiernos accedan a los medicamentos que necesitan, y ya se están utilizando en varios casos», aseveró Cueni en un comunicado. Desde la otra vereda, la Fundación GEP alertó, en una carta abierta, sobre la necesidad de «terminar con el abuso por parte de las empresas farmacéuticas trasnacionales que desarrollan tecnologías a precios inalcanzables. Los medicamentos no deberían ser solo para lxs ricxs, los medicamentos son bienes sociales».