Malas noticias
Jorge Vilas
Periodista

(Foto: Jorge Aloy)

Dijimos que nuestro propósito era representar un cambio profundo que ya existía en el corazón de los argentinos. Ese cambio se manifiesta en casi todas las esferas de la vida y el respeto por la libertad de expresión y de prensa son tal vez las más importantes para la democracia. Hoy en Argentina la libertad es absoluta. Es tan grande que se volvió transparente». En varios tuits el presidente de la Nación, Mauricio Macri, hacía referencia de ese modo a un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización que representa a los más poderosos dueños de medios de comunicación del continente. A tono con el fenómeno de las fake news (noticias falsas), a las que el actual oficialismo ha sabido y sabe utilizar con eficacia, especialmente en tiempos de campaña electoral, Macri dejó de lado la realidad para hacerse fuerte en lo que considera un logro de su gestión. Pero el contexto idílico para el ejercicio del periodismo descripto por los empresarios mediáticos y el presidente no se condice con lo ocurrido en Argentina en los últimos tres años.
A golpe de decretos, el gobierno de Cambiemos desactivó los principales artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en beneficio de los grupos mediáticos más poderosos y, también mediante decretos, avanzó en disposiciones que dieron un marco legal a la ultraconcentración empresaria en el sector. El gran ganador de este nuevo contexto es el Grupo Clarín, cuyos medios despliegan una línea editorial marcadamente oficialista. Además de su ostensible poderío, con ramificaciones en distintas áreas de la economía, el megagrupo cuenta con los favores de la publicidad estatal: desde 2016 es el principal destinatario de avisos públicos. Según un trabajo de los investigadores Agustín Espada y Santiago Marino, el conglomerado mediático recibió el 17% del total de la pauta oficial en 2018. Para Espada y Marino, el Gobierno consolidó una serie de características en el uso de la pauta que, entre otros aspectos, comprende «la exclusión de los medios sin fines de lucro y el sostenimiento de la discrecionalidad».
La organización internacional Reporteros sin Fronteras tampoco coincide con la visión de la SIP. En su informe de 2018 expresa, acerca de Argentina, que el actual marco normativo «favorece la concentración de los medios de comunicación y beneficia a los grandes grupos de prensa». Además, alerta sobre los ataques a voces no encolumnadas con la prédica oficial. «Los medios de comunicación argentinos más críticos a menudo son acusados de calumnia, comparecen ante tribunales civiles y suelen ser sancionados con multas destinadas a asfixiarlos económicamente».
En los últimos tres años se perdieron más de 3.000 puestos de trabajo, cerraron decenas de medios y se desarrolló una política de ajuste en los medios públicos, con achicamiento de la producción de contenidos y despidos. Además, el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia el contexto represivo y destaca que en manifestaciones callejeras «periodistas, camarógrafos y fotógrafos habrían sido agredidos a pesar de estar identificados como trabajadores de prensa».
Completan el panorama las recientes revelaciones, bajo investigación judicial, acerca del entramado de relaciones de notorios periodistas con agentes de inteligencia, funcionarios de la Justicia y legisladores, para fogonear casos de alto interés político. Los vínculos no sorprenden, aunque no deja de llamar la atención la reacción corporativa de los grandes medios en cerrada defensa de un accionar oscuro. La SIP colaboró en la causa. En su informe sostiene que Daniel Santoro y otros periodistas «fueron objeto de una campaña de desprestigio en la que se desconoce la relación con las fuentes que caracteriza el oficio periodístico».
En resumen, ultraconcentración avalada por el Gobierno, despidos masivos, cierre de medios, achicamiento de la comunicación pública, represión a trabajadores que cubren protestas sociales y vínculos de periodistas notorios con agentes de inteligencia componen un escenario que está muy lejos del concepto de «total libertad y transparencia». Más bien, parece todo lo contrario.