Prácticas represivas
Gatillo fácil como política de Estado
El Ministerio de Seguridad intentó desmentir un informe que da cuenta de los episodios de violencia estatal ejercida durante el mandato de Cambiemos. La CORREPI denuncia que se produce, en promedio, un caso cada 21 horas.
Adriana Meyer

Ministra. Patricia Bullrich promovió el endurecimiento de las fuerzas policiales. (Télam)

El gobierno de Cambiemos ha sido el más represor desde el inicio del período democrático en 1983. A esta conclusión llegó la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) en su informe anual sobre represión estatal, y fue el dato relevante de su Archivo de Casos de todo el país, que cada año presentan en Plaza de Mayo. Desde ese momento, la ministra Patricia Bullrich prometió desmentir «caso por caso» a esta organización. A pocos días de las elecciones intentó hacerlo y fracasó, porque emitió un «contra-informe» sesgado, con absurdas omisiones tales como dejar afuera las muertes ocurridas en jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal, que precisamente por ser «federal» depende del Ministerio de Seguridad a su cargo, así como los casos que aún están en investigación, como los de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Además de ese recorte, para bajar el número de muertes a manos del Estado calificó como «legítima defensa» situaciones que fueron fusilamientos, como el de Jonathan Echimborde, 28 años, que lavaba el auto en la puerta de su casa en Mataderos, pasó un patrullero disparando a un vehículo que huía y lo mató a él de un disparo en el pecho.

Trayectoria
Algunos solían llamarla «corré pibe», en alusión a las sistemáticas persecuciones policiales a jóvenes de barriadas pobres. «Es una organización popular integrada por militantes y familiares de víctimas de la represión, que impulsa la denuncia pública y la lucha organizada contra las políticas represivas estatales», dijo a revista Acción la abogada María del Carmen Verdú, una de las fundadoras junto a León Toto Zimmerman. «Nos comenzamos a organizar a fines de los 80, al calor de las movilizaciones barriales gestadas en torno de la Masacre de Budge», recordó la letrada. A principios de 1991, la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio, que movilizó grandes sectores juveniles y estudiantiles en la Ciudad de Buenos Aires, completó el proceso fundacional. «El 22 de mayo de 1992 nos presentamos en público con nuestra actual identidad», apuntó.
Hoy en día, CORREPI tiene presencia militante en CABA, el Conurbano bonaerense, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza. «En los pasados casi cuatro años, la situación represiva se ha endurecido exponencialmente a lo largo y ancho del país. Las directivas y planes del Gobierno nacional han sido adoptadas y seguidas en todos los distritos. El crecimiento brutal de los hechos de gatillo fácil y las muertes bajo custodia (comisarías y cárceles), que de conjunto superan un promedio de un caso cada 21 horas, es la consecuencia más grave de la profundización de todas las prácticas represivas existentes, y de las reformas estructurales en el aspecto normativo que abarcan todo el país», explicó Verdú. Se refirió así a la Resolución 956/18 por la que no son sancionados aquellos policías, gendarmes o prefectos que maten a quien se les cruce y ellos consideren que están «en comisión de un delito», y el programa Restituir, que devuelve el cargo a policías y miembros de Fuerzas de Seguridad destituidos por asesinatos o delitos graves. Esas normas sostienen la llamada doctrina Chocobar. «El abrazo del presidente Mauricio Macri al policía de gatillo fácil Luis Chocobar (que asesinó a Pablo Kukoc) y el de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la policía fusiladora Carla Céspedes (que mató a Ariel Céspedes) son las dos fotos de la gestión Cambiemos: la explícita y frontal reivindicación pública del gatillo fácil como política de Estado».
Las cifras del informe «Ministerio de Seguridad versus CORREPI» mienten, porque aún en su lógica de omisiones, los casos que toma suman 107, y no 98 como publicaron con intención de afirmar que «el 75% de los casos (que denuncia CORREPI) no son violencia institucional». Para la organización, «adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación».