Riesgo PRO
Devaluación y después
Pese a que apela a una suerte de populismo de urgencia, de muy limitado alcance y sesgado hacia las capas medias y altas de la sociedad, el Gobierno nacional ratifica el ajuste y la subordinación al FMI. Cambios en Hacienda.
Daniel Víctor Sosa

Jura. Lacunza junto a Macri en Casa Rosada. El nuevo ministro afirmó que el Banco Central actuará para estabilizar el tipo de cambio. (Hugo Villalobos/NA)

Con el traje de una heterodoxia parcial, tardía y a las apuradas, el Gobierno nacional pretende ocultar la desnudez de la crisis económica, incubada en 2016 y agudizada tras la nueva devaluación del peso. Las metas de estabilización de precios y reactivación productiva, ya de por sí lejanas antes del comicio, quedaron así dolorosamente postergadas y supeditadas, además, a las tratativas que el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, encare con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con las provincias (desfinanciadas con las medidas en el terreno impositivo) y con los grandes inversores y formadores de precios.
El rechazo popular mayoritario en las urnas a las políticas económicas gubernamentales fue contestado de inmediato por los «mercados financieros». La fuerte corrección del tipo de cambio en esos días reflejó la inacción de los funcionarios, su respuesta confusa e insuficiente, o incluso el fogoneo de la suba desde el más alto nivel del Poder Ejecutivo. «Es tremendo lo que puede pasar», amenazó el propio presidente de la Nación tras la derrota. Acaso desde la Casa Rosada se pensó inicialmente que extremar la campaña del miedo podría revertir los resultados electorales en octubre. Días después, al tomar nota del inevitable impacto inflacionario, cambió el tono y empezaron los anuncios de supuesto «alivio» para distintos sectores de la población. Detrás quedó la decisión del Banco Central de las semanas anteriores, cuando se  contuvo la cotización del dólar como vía para morigerar el costo de vida y elevar las chances de continuismo.
Lo cierto es que la insólita euforia financiera previa a las PASO, asentada en datos ficticios, duró bien poco. Y luego se le echó la culpa de la devaluación al electorado y al Frente de Todos. Con todo, tras la sobrerreacción de los «mercados», el tipo de cambio se ubicó en un nivel más realista: si se actualizan los valores del dólar de septiembre de 2018 se llegaría a un dólar de 55 pesos, cercano a los 58 pesos en el cierre del martes 20 de agosto en el Banco Nación. La evolución del tipo de cambio real multilateral muestra también un elevado nivel de competencia externa, más allá de sus efectos negativos, en especial en el poder de compra de la ciudadanía y en la actividad económica.
El titular del Banco Central, Guido Sandleris, ya admitió que la inflación, en ligerísimo descenso (de 2,2% en julio), volverá a escalar con fuerza en los próximos meses. Es que «pasaron cosas», como alguna vez el jefe de Estado justificó anteriores cimbronazos para deslindar su responsabilidad.


Paliativos
Para evitar el incendio declarado se empezó, entonces, a sacar de la galera paliativos que moderasen el traspaso de la devaluación a precios. De golpe se pasó de la posverdad (o las mentiras descaradas) a la inocultable realidad. La estrategia económica y electoral de fondo, sin embargo, sigue sin cambios sustanciales, como muestran los exiguos alcances de las medidas anunciadas. Por un lado, debido al escaso margen de maniobra que deja el corset del «déficit cero» acordado con el FMI. Pero también por su escasa convicción ante un rumbo que colisiona con sus pruritos ideológicos de base. Es cierto que se apeló a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para congelar por tres meses el precio de los combustibles, sin compensar a las petroleras por fijar un valor del barril de crudo previo a la devaluación. Pero la aguda resistencia de las petroleras y las provincias hidrocarburíferas al cambio en las reglas de juego promete un largo conflicto. Las gobernaciones involucradas exhiben las pérdidas por coparticipación federal de impuestos (por las bajas en IVA y Ganancias), regalías y menores cobros de Ingresos Brutos. Las empresas, a su vez, podrían reducir inversiones, bajar la producción, aumentar el desempleo en el sector y hasta desabastecer al mercado. En todo caso, podrían lograr un recurso de amparo en la Corte Suprema, o fuertes compensaciones durante este gobierno o el próximo. Otras provincias, fuertemente endeudadas en dólares, sufrirán las consecuencias de la devaluación a través del pago de los servicios.
Mientras tanto, entre las medidas ausentes no se llegó a modificar la política sobre retenciones a las exportaciones, que beneficia a petroleras, mineras y agropecuarias, entre otras. Y tampoco se les exigió a esos sectores una inmediata y mayor liquidación de divisas.
En otro frente conflictivo (principalmente para la población), el de un conjunto de alimentos, se dispuso reducir la alícuota del IVA hasta fin de año. Y si bien no se respaldó la medida en la Ley de Abastecimiento (modificada en 2014), se citaron varios de sus fundamentos. Todo ello cuando el propio Mauricio Macri, antes de ser presidente, había calificado a la norma como «un mamarracho absoluto» y criticado la «discrecionalidad» en materia de precios. Se creyó suficiente, por otra parte, conceder 2.000 pesos por al menos dos meses para trabajadores formales, monotributistas y perceptores de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo. Austero monto que difícilmente equipare la inflación próxima. Mientras, el recorte en el pago de Ganancias no será percibido por los sectores de menores ingresos. Y las becas ProgresAr (que alcanzaban a 700.000 estudiantes en 2015 y a 500.000 en la actualidad) se actualizaron solo parcialmente: 40%, apenas la mitad de la pérdida de los últimos 18 meses.
Desde luego, no es posible todavía vislumbrar el panorama hacia fines de año, ya con un presidente efectivamente electo y cuando caduquen las medidas electoralistas. De manera que las únicas señales positivas de corto plazo, como se observó en los últimos días, tomarían la forma de una menor volatilidad cambiaria. Los principales referentes de la oposición abonan esta perspectiva, al evaluar la necesidad de divisas en 2020, a la espera de una gradual normalización del conjunto de variables económicas y financieras. Hasta tanto se observará un delicado juego de utilización de divisas, por un lado para no convalidar un dólar demasiado alto, pero a la vez para no gastar en exceso reservas monetarias.
Cabría aguardar, en ese contexto, que el macrismo acepte su responsabilidad y asuma las consecuencias de sus políticas, a medida que se acerca la transición institucional. Salvo el Gobierno, el grueso de las fuerzas políticas coincide en que la nueva oleada del ajuste –ahora que fracasó el intento de utilizar al dólar como ancla de la inflación– debería incorporar verdaderas compensaciones para los sectores vulnerados.