Tiempo de definiciones
Entre el DNU de extinción de dominio y las internas de la Corte Suprema
Mientras en La Rioja, en medio de una disputa judicial, se realizaron los primeros comicios de un año cargado de citas con las urnas, el gobierno intenta imponer en la agenda pública la lucha contra la corrupción por encima de la crisis económica.
Franco Mizrahi

Casa Rosada. Macri presentó, junto a Garavano y Bullrich, el decreto de necesidad y urgencia cuestionado por juristas y dirigentes políticos. (Télam)

El decreto de extinción de dominio que firmó el presidente Mauricio Macri y se publicó en el Boletín Oficial el 22 de enero anticipa que la campaña electoral que surcará casi todo el 2019 será tan intensa como el calor del verano. La agenda que quiere instalar el oficialismo ya se echó a rodar. Con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) para que el Estado recupere bienes vinculados a delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico y la trata de personas, entre otros, Macri buscó correr el foco de la angustiante situación económica, sobre la que machacan sus adversarios, hacia la lucha contra la corrupción, un tema que le dio réditos cada vez que fue a las urnas. Y por otro, centrar la atención en el kirchnerismo y los exfuncionarios de esta fuerza política que son investigados por la Justicia. Al menos en el corto plazo, logró el efecto deseado. Mientras los índices de la actividad económica se desmoronan, las tarifas siguen aumentando y el Fondo Monetario Internacional (FMI) indica que continuará la recesión (espera una caída del 1,7% este año), en los medios de comunicación el tema dominante es otro.
En este marco, se espera un largo debate tanto legislativo como judicial respecto a la legitimidad del decreto. La oposición lo cataloga de inconstitucional, entre otras cosas, porque el Poder Ejecutivo tiene vedado emitir disposiciones que regulen la materia penal. Desde la Casa Rosada esgrimen que solo hace foco en la esfera civil (de hecho, lo llamaron «Régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio»), algo muy difícil de defender incluso para los especialistas vinculados con el oficialismo. «Vamos a ver cuántos diputados y senadores se animan a voltear esta ley», desafió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Es que ambas cámaras deben oponerse al DNU para lograr derribarlo. Basta que una sola no reúna la mayoría necesaria para derogarlo para que quede vigente.
Otro tema electoral que promete cruces entre Cambiemos y el arco opositor es el intento del gobierno de informatizar el escrutinio y realizar una transmisión electrónica de los resultados desde cada escuela el día del sufragio. ¿Qué cambio está en ciernes? Tras los comicios, las autoridades de mesa cuentan los votos y confeccionan un acta, que se traslada a los centros de transmisión electoral, que son locales que dependen del Correo Argentino donde se escanean los telegramas y se envían a un centro de cómputos. Ahora, la intención de la Casa Rosada es que cada escuela funcione como un centro de transmisión: allí se escanearían directamente los datos.
Pero el Correo Argentino no pierde su peso: lanzó una licitación para contratar el software que permitirá el traspaso digital de las actas de votación en todas las escuelas del país. De esta forma, se erradican los famosos telegramas y se modifica un sistema que se utilizó en los últimos 35 años. No faltan quienes sospechan de esta maniobra. «Para qué cambiar un sistema que funciona con éxito. Las elecciones de las últimas tres décadas fueron todas legítimas», se quejan quienes se oponen –sobre todo, por desconfianza– a la informatización. Y recuerdan cómo se manipularon los datos del escrutinio provisorio en las últimas legislativas que se realizaron en Buenos Aires.
Quien está a cargo de implementar el nuevo modelo es el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez. Representantes de las fuerzas opositoras le solicitaron una reunión para que informe en detalle los cambios que se buscan efectuar. Los primeros trámites y contrataciones para modificar el mecanismo con el que se brindan los resultados la noche de las elecciones ya están en marcha, publicó La Nación y constató Acción.


Tensión en Tribunales
El receso veraniego no modificó los ánimos y la tensión sigue cortando el aire en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. En un fallo dividido, el 25 de enero la Corte Suprema de Justicia rechazó la acción de amparo que presentaron la UCR y el PRO para detener la consulta popular con la que el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, buscó legitimidad para realizar una enmienda constitucional que le permita postularse a un nuevo mandato. Dos días después del pronunciamiento se realizó la votación en la que hubo una baja participación del padrón (casi el 44%) y el «Sí» a la modificación de la Carta Orgánica provincial (25% del padrón) se impuso al «No» (18%). Según el texto constitucional se tendrá «por rechazada» la consulta «si una mayoría de más del 35% de los votos de los electores inscriptos en el Registro Electoral no la aprueba». Tanto el oficialismo como la oposición local interpretan la norma a su favor. Cambiemos volverá a recurrir a la Justicia.
La resolución cortesana expuso una vez más la soledad del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien volvió a defender la postura del gobierno. Por 3 votos contra 1, la máxima instancia judicial rechazó el recurso. Carlos Maqueda no asistió a la reunión de acuerdo. En este escenario, volvió a resaltar el posicionamiento de Elena Highton de Nolasco, quien hasta los últimos cuatro fallos del año pasado se había mantenido en sintonía con los intereses de Balcarce 50. Su voto podría haber modificado la relación de fuerzas. Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti votaron juntos. Así, los tres coincidieron que con la consulta popular aún no había «un caso» para que interviniera la Corte. Desde el tribunal superior, no obstante, resaltaron que «la validación de la consulta no implica que se legitime el acto de fondo». «Ese será otro capítulo», aseguran.
Tras no haber logrado hacer valer su recurso, el Gobierno, en pos de golpear políticamente a los supremos, hizo trascender que se sentó un precedente que podría habilitar nuevas reelecciones en otros distritos. Desde el Palacio de Talcahuano guardaron silencio. Un antiguo axioma que allí se conoce muy bien reza que los jueces hablan por sus sentencias.