Un derecho en riesgo
Jorge Vilas
Periodista


Protesta. Gendarmes en una manifestación de los trabajadores de Cresta Roja. (Télam)

Cuando el presidente Mauricio Macri abogó, en el acto por el Día del Ejército, por la adaptación de las Fuerzas Armadas a «las amenazas del siglo XXI» y pidió «que estén preparadas para enfrentar los problemas que hoy nos preocupan» alimentó las versiones acerca de la intención gubernamental de utilizar militares en acciones vinculadas con la seguridad interna. Esta corroboración, a la vez, terminó de consolidar la idea de que el actual modelo económico –que luego del acuerdo con el FMI seguramente se profundizará con nuevos ajustes y recorte de derechos sociales– requiere para su sostenimiento de mayores esquemas represivos.  
Escenas que se vuelven cotidianas ratifican la tendencia hacia una creciente represión de la protesta social. La entrada del INTI militarizada mientras los trabajadores reclamaban por centenares de despidos. La Policía Metropolitana avanzando sobre trabajadores del subte porteño que paralizaban la línea H en el marco de un plan de lucha gremial en un operativo que concluyó con la detención de un grupo de manifestantes. Pocos meses atrás, los hechos acaecidos alrededor del Congreso Nacional cuando se debatió la reforma previsional en los que, según Amnistía Internacional, «la policía hizo un uso excesivo de la fuerza» y con la imagen de Dante Barisone, efectivo de la Policía Federal, pasando con su moto –literalmente– por encima de un joven, a modo de síntesis de la violencia de aquellas jornadas. Son, apenas, unos pocos hechos recientes que se suman a un sinnúmero de episodios registrados desde fines de 2015 en el marco de un cambio de paradigma para la acción oficial frente a manifestaciones.
El escenario que se avecina combina ajuste económico, recesión –según auguran las propias estimaciones oficiales–, despidos y paritarias a la baja –al menos en la aspiración del gobierno–, con un previsible incremento de la resistencia social, que se está expresando ya en calles y plazas, y la respuesta represiva como carta frecuente a jugar por el gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, portavoz de la política oficial en la materia, manifestó a fines de mayo que «después de varias semanas difíciles, estamos de nuevo en el centro del ring. Vamos a ejercer la autoridad». La ministra hizo oídos sordos a los reclamos, entre otros organismos, de Amnistía Internacional, que alertaba en febrero de este año acerca de retrocesos en materia de derechos humanos en nuestro país. El organismo denunció «una tendencia preocupante» y mencionó como casos más graves las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel ocurridas en el marco de operativos represivos que fueron reivindicados fervientemente por Bullrich.
Un mes después, en marzo, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y sindicatos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la respuesta represiva ante la protesta social caracterizada por el uso abusivo de la fuerza, así como la criminalización de manifestantes y referentes sociales y sindicales. Es que, además de la violencia, la represión incluye la persecución legal. Se está convirtiendo en una práctica habitual el encarcelamiento de manifestantes a los que se acusa de intimidación pública, resistencia a la autoridad, daño, lesiones, usurpación o interrupción del tránsito, entre otros delitos.
La situación es, en suma, preocupante, ya que la protesta social es un derecho inherente a la esencia de la democracia y el Estado debe garantizar su ejercicio. Lo ocurrido desde diciembre de 2015 invita al pesimismo y, si se suma el probable avance sobre uno de los pocos consensos sociales amplios que rigen en el país desde 1983, que es la separación de la defensa y la seguridad interna, se agrava el panorama. El Centro de Estudios Legales y Sociales, en un documento titulado «Argentina: el derecho a la protesta en riesgo», resume lo que está en juego en este contexto: «La asociación de la protesta social con la violencia y el desorden es una operación que las autoridades políticas vienen sosteniendo y que busca deslegitimar a la protesta como forma de expresión democrática».