Un nuevo reto
Política gasífera
Tras un período de tarifazos, reducción del consumo y caída en la cantidad de usuarios, rige un conjunto de medidas que buscan revertir el rumbo de exclusión y ampliar el alcance del servicio. Esquema de oferta y demanda para los próximos años.
Daniel Víctor Sosa

Usuarios residenciales. Durante 2016-2019 se registró una caída del 38%. (Shutterstock)

En casi todas las áreas de la economía se van desmontando variados e inequitativos esquemas de funcionamiento fijados durante la pasada experiencia neoliberal. Ese reto incluye, por cierto, al sector energético. En especial al segmento gasífero, donde las distorsiones establecidas por los exministros y exsecretario de la gestión macrista tuvieron el claro objetivo de transferir ingresos de los usuarios a las empresas productoras y distribuidoras. Se había profundizado a la vez la exclusión social del servicio, a través de tarifas impagables y de la postergación de obras de conexión de domicilios, pymes y comercios. La prioridad, admitida en público gran cantidad de veces, era destinar a ventas externas la declinante producción del gas natural extraído en la formación no convencional de Vaca Muerta, Neuquén.
Para revertir esos desequilibrios y favorecer principalmente a los sectores más vulnerables, el Gobierno nacional estableció para todo este año un congelamiento tarifario; se constituyeron distintas comisiones de usuarios (consumidores, jubilados, inquilinos, clubes, pequeñas empresas, etcétera), a fin de resolver distorsiones; y se readecuaron los criterios que limitaban el acceso a la tarifa social, entre otras medidas.

Descenso
La desatención a los usuarios nacionales durante la gestión de Cambiemos se combinó con un claro aliento a la exportación (concretada a Chile, planeada a Brasil y proyectada como GNL al mercado asiático). Un informe del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) precisó que durante la gestión 2016-2019 la expansión domiciliaria de gas por redes registró la mayor caída desde 1996, un 38%. En relación con el máximo de expansión, que se alcanzó entre 2008 y 2011, el retroceso fue del 47%. Es decir, hubo 368.799 usuarios menos durante la gestión Cambiemos, precisó el análisis del Enargas. Esa involución se registró «no obstante haberse efectuado la Revisión Tarifaria Integral (RTI), que incluyó inversiones obligatorias asociadas, que debieran haber tendido a favorecer la incorporación de nuevos usuarios a las redes».
De forma más pronunciada (-162%) se redujo entre 2016 y 2019 la incorporación de nuevos usuarios comerciales e industriales pequeños a la red de gas, lo que marcó la mayor caída desde 1996, cuando comenzaron a realizarse los estudios evolutivos. «Se anotó así la primera tendencia negativa del historial, con un total de 13.727 desconexiones del servicio, algo que en el registro nunca se había observado». Lo que se explica, según el ENARGAS, por la grave recesión en 2018-19 y la inflación mayorista de 340% acumulada en los cuatro años del macrismo.
El ENARGAS constató además que durante el período 2016-2019, el consumo de gas de usuarios y usuarias residenciales de la provincia de Buenos Aires cayó un 8,5% promedio, luego de un extenso período, entre 1996 y 2015, de incremento sostenido. «La magnitud de la caída se puede entender más claramente si se toma en cuenta que el territorio bonaerense concentra casi al 45% de los usuarios residenciales conectados al sistema de gas por redes, equivalente a un 38% del consumo anual promedio entre 2016 y 2019», resaltó el organismo. En el cuarto de siglo iniciado en 1996, el consumo de gas por redes en esa provincia mantuvo niveles de crecimiento sostenidos, aunque con ciertas fluctuaciones. Pero en el último cuatrienio «se desplomó de modo significativo».
Una primera decisión del Gobierno nacional para cambiar el rumbo, ya antes de la pandemia, fue suspender los aumentos de tarifas (no solo del gas, sino del resto de los servicios concesionados). De no haber congelamiento tarifario hasta diciembre próximo, las facturas de gas residencial y para pymes serían hoy un 86% y un 85% más caras, respectivamente. La declaración de emergencia en la materia evitó que se aplicaran los aumentos que estaban previstos para los meses de abril y octubre, y que hubieran recaído sobre más de 8,5 millones de usuarios y usuarias domiciliarios. La interrupción de la tendencia alcista se contrapuso al criterio aplicado entre enero de 2016 y abril de 2019 (última actualización semestral), cuando la factura promedio residencial acumuló un aumento del 1.046%, equivalente a unos 1.213 pesos adicionales para cada familia. Lo cierto es que, en casi tres años y medio, la factura para un consumo mensual promedio de los usuarios residenciales (de todas las subcategorías) siempre registró un incremento superior a la inflación acumulada en cada período. Y la peor parte le tocó a las pymes, ya que en el mismo lapso sufrieron una suba de la factura promedio de 3.149%, es decir, el equivalente a 4.692 pesos adicionales.
En cuanto a lo que pasará con las tarifas después de diciembre, el interventor en el Enargas, Federico Bernal, anticipó que cualquier eventual aumento se aplicará bien entrado 2021, ya que primero deberán realizarse las correspondientes audiencias públicas.
Otro giro relevante fue el decidido a fines de octubre para readecuar los criterios de inclusión y exclusión vigentes en la Tarifa Social de gas, a fin de dejar sin efecto las limitaciones impuestas por la anterior gestión. El régimen se estableció para brindar ayuda a usuarias y usuarios en situación de vulnerabilidad socioeconómica que cumplan con determinados criterios de inclusión, a través de una bonificación del 100% del precio del gas sobre un bloque de consumo máximo definido. Pero el exsecretario Gustavo Lopetegui añadió en julio de 2019 nuevos criterios de exclusión a los establecidos en 2016 por el exministro Juan Aranguren. Esos limitantes (el cobro de un bono, del presentismo o las horas extra en el trabajo) provocaron que 61.000 beneficiarios y beneficiarias fueran excluidos de la Tarifa Social entre julio de 2019 y marzo pasado. Desde ENARGAS justifican los cambios y destacan que el beneficio por el uso de uno de los más importantes recursos naturales del país tenderá a democratizarse, al salir del exclusivo aprovechamiento de un puñado de megacompañías.