Vulnerables
Crisis social
Espacios políticos, gremiales, sociales y eclesiásticos reclaman la declaración de emergencia alimentaria en respuesta al agravamiento de la situación económica de vastos sectores de la población. Las medidas del Ejecutivo resultan insuficientes.
Diego Rubinzal

Deterioro. Según la ONU, en tres años la inseguridad alimentaria creció un 71%. (Télam)

Los indicadores sociales vienen en franco deterioro desde abril de 2018 y el salto del dólar post-Paso agrava este complejo escenario. El periodista Alfredo Zaiat sostiene que «han sido varias y tan intensas las crisis argentinas que no es un misterio cuál es su origen, desarrollo y desenlace. Tienen tres fases: financiera, socioeconómica-laboral y política. Las crisis reúnen esas tres etapas y se van realimentando unas a otras. En su transcurso van cambiando los momentos de mayor intensidad de cada una de sus tres fases». «El naufragio macrista está transitando ahora las tres simultáneamente en su pico máximo», concluye Zaiat.
La inseguridad alimentaria es uno de los aspectos más dramáticos de la crisis, producto de que los precios de los alimentos subieron el doble que el salario mínimo desde 2016. En ese marco, ocho gobiernos provinciales (Tucumán, La Pampa, La Rioja, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chaco y Formosa), la Iglesia Católica, la CGT y movimientos sociales reclamaron declarar la emergencia alimentaria y nutricional. Por su parte, el Gobierno nacional contestó que no hacía falta, y el secretario de Cultura de la Nación sostuvo que la emergencia alimentaria «es un slogan de campaña». «Pareciera que en Argentina medio país se estuviera muriendo de hambre y eso es mentira», agregó Pablo Avelluto.
Lo cierto es que un trabajo realizado por cinco organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO)– confirma el intenso deterioro social verificado en Argentina.
En el informe titulado «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019», los organismos plantean que el número de personas con «inseguridad alimentaria moderada o grave» creció de 8,3 millones en el período 2014-2016 a 14,2 millones entre 2016-2018. Este fuerte incremento de habitantes con problemas alimentarios, registrado en Argentina, que llega al 71%, se produjo en apenas tres años, marcando uno de los saltos más importantes a nivel mundial.
El acampe de movimientos sociales frente al Ministerio de Desarrollo Social nacional es una triste postal de la crisis. Estas organizaciones (Frente de Organizaciones en Lucha, Barrios de Pie - Libres del Sur, Polo Obrero, un sector del Frente Darío Santillán, Movimiento Teresa Rodríguez) reclamaron un aumento del salario social y envío de alimentos a los comedores populares. El grupo de Los Cayetanos (CTEP, Somos Barrios de Pie, Corriente Clasista Combativa) reclama –respaldado por ocho provincias, la Pastoral Social y centrales sindicales– la sanción de la ley de emergencia alimentaria. Diputados opositores presentaron un proyecto de ley que establece la emergencia alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2022. Legisladores del FPV-PJ, Frente Renovador, Red por Argentina, el Bloque Justicialista y partidos provinciales, entre otros, impulsan un texto que propone «un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».
El último relevamiento periódico del Movimiento Barrios de Pie (realizado en 28 municipios bonaerenses y ocho comunas de la Ciudad Autónoma) revela que el 40% de niños y adolescentes que concurren a comedores populares tienen algún tipo de malnutrición. Por caso, las promotoras de salud revelan que un 7,2% de niños tienen baja talla, mientras que el 42% de las personas encuestadas tienen sobrepeso por una alimentación con escasas proteínas y exceso de carbohidratos.
En ese contexto, María Eugenia Vidal sostuvo que «han sido años difíciles, claramente no para los más pobres porque ellos fueron los más protegidos». La gobernadora destacó el funcionamiento de los comedores escolares y sostuvo que «fuimos tratando de corregir con el menor daño posible, sin tocar nunca el gasto social».
Sin embargo, los datos duros muestran otra cosa. Por ejemplo, «uno de los programas más grandes de la cartera de Carolina Stanley se llama Abordaje Comunitario, una herramienta de política pública de 20 años de antigüedad. En este momento, el Programa asiste a unos 1.200 centros en todo el país, 420 centros en AMBA. Esos 420 reciben 86.000 personas por día para una comida. El Estado pagaba por persona 12,5 pesos hasta septiembre de 2018 y ahora paga 18 pesos, dinero que hoy a los comedores no les alcanza. Quienes llegan a los lugares están con hambre y el dinero que reciben los centros se les acaba antes de lo que se les acababa hace un año», explica la periodista Alejandra Dandan en una nota publicada en El Cohete a la Luna.

Sabor a poco
La megadevaluación post-Paso aceleró el ritmo de incremento de los precios, y las autoridades económicas reconocen que los índices inflacionarios de agosto y septiembre serán muy elevados. En ese marco, el Gobierno diseñó un paquete de medidas destinadas a moderar el impacto devaluatorio: aumentos de sumas fijas a trabajadores privados y públicos, suba del mínimo no imponible de Ganancias, reducción impositiva para los monotributistas, refuerzos extras para la AUH, aumento de la beca Progresar, convocatoria al Consejo del Salario para acordar una suba del salario mínimo, congelamiento por 90 días del precio de los combustibles, plan de pagos a 10 años para deudas impositivas de las pymes, congelamiento de cuota de créditos hipotecarios ajustables por el índice UVA por cuatro meses (de septiembre a diciembre), rebaja transitoria del IVA (del 10,5% o 21% a tasa cero) hasta fin de año para una serie de productos de la canasta básica: pan, leche fluida, aceite (de girasol, maíz y mezcla), azúcar, pastas secas, arroz, harinas de trigo, polenta, rebozador, pan rallado, yerbas, mate cocido y té, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogur y huevos.
Las medidas anunciadas son un paliativo que no compensará el deterioro de los ingresos populares. A su vez, los gobernadores de 19 provincias (todos excepto los distritos oficialistas y el cordobés Schiaretti) se quejaron porque el costo fiscal se financia con recursos coparticipables.
 Más allá de eso, el paquete recibió dos cuestionamientos centrales. En primer lugar, la falta de algún aporte extra a jubilados/pensionados que cobran la mínima. La ministra Carolina Stanley planteó que los jubilados «ya recibirán en septiembre el aumento propio de la movilidad jubilatoria». Esta claro que, aún con ese incremento (12,2%), los beneficiarios de la seguridad social sufrirán un fuerte recorte de su poder adquisitivo en términos interanuales. La decisión de no compensar a ese sector es congruente con el diagnóstico del nuevo ministro de Hacienda. En su primera reunión con el presidente, Hernán Lacunza manifestó que no había margen fiscal para continuar con el «Plan Alivio». La segunda objeción tiene como eje a qué sectores benefician los paliativos anunciados por el Gobierno. Los investigadores del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala señalan que «una pregunta que resonó estos días es si las medidas anunciadas estaban destinadas a morigerar los efectos de la devaluación y la consecuente aceleración inflacionaria, o su principal objetivo era el de tratar de recuperar una parte del electorado a través de políticas focalizadas. Si analizamos por los diferentes sectores sociales que se benefician de estas medidas y ponderamos la magnitud de cada una de ellas parece quedar claro que el Gobierno se inclinó más por el segundo objetivo. De los 85.700 millones de pesos estimados de este paquete, casi el 90% va a la clase media y media alta, mientras que poco más del 10% se destina a los sectores vulnerables y clase media baja».